Los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian impulsaron una investigación penal contra las máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba al sostener que habrían intervenido de manera irregular en la integración del tribunal para quedarse con el control de una causa de evasión tributaria. La acusación alcanza a la presidenta del cuerpo, Graciela Montesi, al vicepresidente Abel Sánchez Torres y a dos secretarios del mismo tribunal.

La presentación judicial les atribuye posibles delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción. Además de los dos camaristas, la imputación incluye a Mario Olmedo y Gustavo Flores, funcionarios de la Cámara Federal cordobesa.

La causa que originó la denuncia

Según el dictamen fiscal, el eje de la maniobra estuvo puesto en el llamado caso “Bunge”, vinculado a expedientes por evasión tributaria. Allí aparecen dos tramos concretos bajo análisis: la causa “Padilla”, correspondiente a la Sala A, y la causa “Humanes”, radicada en la Sala B.

Para los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían actuado de manera coordinada para intervenir juntos en esos expedientes, desplazando a los jueces que, por subrogancia, debían participar de manera legal en la integración del tribunal. La acusación sostiene que esa decisión afectó reglas básicas del sistema judicial, como la garantía del juez natural y la imparcialidad de los magistrados.

Qué pasó con la causa “Padilla”

La reconstrucción del Ministerio Público ubica uno de los episodios centrales el 24 de julio de 2023, cuando la Cámara recibió la causa “Padilla” desde el juzgado federal de Río Cuarto. En ese expediente, los jueces naturales de la Sala A eran Graciela Montesi y Eduardo Ávalos, quienes votaron de manera sucesiva.

Después del segundo voto, el expediente fue enviado a la Secretaría Penal de la Cámara para completar el tercer voto. Según la denuncia, en ese momento correspondía integrar la sala con la jueza subrogante de turno, Liliana Navarro. Sin embargo, eso no ocurrió.

La acusación señala que el expediente volvió a manos de Montesi, quien lo habría retenido sin justificación hasta que el turno de subrogancia le correspondiera a Sánchez Torres. Recién el 5 de diciembre de 2023, siempre según el dictamen, la camarista resolvió integrar la Sala con el vicepresidente del tribunal, pese a que no había cambios en su voto previo.

Para los fiscales, esa maniobra buscó asegurar una mayoría que terminó favoreciendo al imputado Raúl Padilla con un fallo de falta de mérito dictado el 18 de diciembre de 2023.

La otra maniobra bajo sospecha

El segundo episodio investigado se centra en la causa “Humanes”. Allí, los fiscales sostienen que Sánchez Torres resolvió integrar la Sala con Montesi en contra de lo que establece la ley 27.439, que regula el régimen de subrogancias.

En ese tramo aparece un dato especialmente delicado: la secretaria Celina Laje Anaya se habría negado a instrumentar esa integración por considerarla ilegal. Aun así, según la acusación, Sánchez Torres avanzó por decreto con esa conformación del tribunal.

El 16 de abril de 2024, la jueza Liliana Navarro cuestionó formalmente esa integración y marcó una contradicción evidente con la normativa vigente. Después de esa objeción, la composición del tribunal fue modificada y recién el 24 de julio de 2024 se dictó una resolución con otra integración.

Los fiscales hablan de una maniobra coordinada

En su presentación, Turano y Hairabedian sostienen que no se trató de errores aislados ni de confusiones administrativas. Por el contrario, afirman que existió una conducta deliberada y coordinada entre Montesi y Sánchez Torres para intervenir juntos en causas en las que no debían coincidir según el esquema legal de reemplazos.

El dictamen remarca que la reiteración de episodios descarta la hipótesis de un simple error y refuerza la idea de una actuación consciente para alterar el orden legal de intervención de los jueces. Para la fiscalía, eso implicó sustraer el expediente del magistrado que debía intervenir y reemplazarlo por otro de forma amañada.

La denuncia por maltrato laboral

La acusación no se limita a la manipulación del reparto de causas. También incorpora un segundo hecho vinculado con un presunto hostigamiento contra la secretaria Celina Laje Anaya. Según los fiscales, entre el 21 de diciembre de 2023 y el 11 de septiembre de 2025, Sánchez Torres habría ejercido actos de maltrato y violencia laboral de forma sistemática, recurrente y sostenida.

El planteo judicial interpreta que ese accionar habría sido una represalia por la negativa de la funcionaria a convalidar la integración irregular de la sala. Finalmente, Laje Anaya terminó dejando su cargo. En septiembre del año pasado, presentó una denuncia contra Sánchez Torres, Montesi y Olmedo por abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y acoso.

La situación de otro secretario

El dictamen suma además un tercer hecho bajo sospecha. Los fiscales pidieron investigar al secretario de superintendencia Gustavo Eduardo Flores por falso testimonio, al considerar que pudo haber mentido bajo juramento ante la fiscalía para encubrir las presuntas presiones ejercidas contra Laje Anaya.

Con ese cuadro, el Ministerio Público pidió que se profundice la investigación para determinar responsabilidades penales y establecer si existió un apartamiento deliberado de la ley dentro de una de las principales cámaras federales del país.