La discusión por la Ley de Discapacidad sumó un nuevo capítulo en Diputados. Mientras el Gobierno impulsa un proyecto que elimina beneficios fiscales vinculados a la inclusión laboral, un sector de la oposición presentó una iniciativa para mantener y ampliar los incentivos destinados a empresas que incorporen personas con discapacidad.

El proyecto fue presentado por el diputado de Unión por la Patria Cristian Andino y acompañado por Jorge Chica, Nancy Sand, Christian Zulli, Gabriela Pedrali, Pablo Todero y Jorge Araujo Hernández. La propuesta fue girada a las comisiones de Legislación del Trabajo, Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.

Qué plantea el proyecto opositor

La iniciativa busca que la inclusión de personas con discapacidad forme parte de las políticas de Responsabilidad Social Empresaria. El texto apunta a empresas, personas jurídicas y personas humanas que desarrollen actividades económicas en el país, con adaptaciones para micro, pequeñas y medianas empresas.

El objetivo es promover la inserción laboral, la autonomía económica y la participación de personas con discapacidad dentro del sector privado. Para eso, el proyecto combina obligaciones, beneficios fiscales y mecanismos de control.

Entre las medidas previstas figura la incorporación progresiva de trabajadores con discapacidad a las plantillas. También se exige que las empresas impulsen procesos de selección accesibles, descripciones de puestos adaptadas, protocolos contra la discriminación y condiciones laborales adecuadas.

Incentivos fiscales y prioridad en contrataciones

El proyecto crea un régimen de beneficios para las compañías que cumplan con los criterios de inclusión. Entre ellos se incluye la reducción del 50% en aportes y contribuciones patronales por cada trabajador con discapacidad contratado.

También contempla prioridad en contrataciones con el Estado nacional, acceso preferencial a líneas de financiamiento productivo y la posibilidad de obtener el sello oficial de Empresa Socialmente Responsable e Inclusiva.

La propuesta incorpora, además, la contratación de bienes y servicios a proveedores integrados por personas con discapacidad o por unidades productivas inclusivas. También promueve el apoyo a emprendimientos vinculados al sector y programas comunitarios en las zonas donde operen las empresas.

Empleo formal sin perder la pensión

Uno de los puntos centrales del texto es que el acceso al empleo registrado no implique la pérdida automática de la Pensión No Contributiva por Discapacidad. Se trata de un reclamo sostenido por organizaciones del sector, que advierten que muchas personas evitan ingresar al mercado formal por temor a perder ese ingreso.

La iniciativa busca separar el derecho a trabajar del acceso a la cobertura social y previsional. En ese sentido, plantea que la inclusión laboral no debe funcionar como una amenaza para quienes ya reciben una pensión por discapacidad.

Registro nacional y control de cumplimiento

El proyecto propone crear un Registro Nacional de Empresas Socialmente Responsables e Inclusivas. La inscripción será necesaria para acceder a los beneficios previstos por la ley.

El cumplimiento será evaluado mediante indicadores concretos, como cantidad de personas contratadas, condiciones laborales, participación en cadenas de valor inclusivas e impacto social de los programas desarrollados.

La autoridad de aplicación será definida por el Poder Ejecutivo Nacional, que deberá coordinar con organismos públicos y privados. El texto también invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir y dictar normas complementarias.

La pelea por la agenda de discapacidad

La presentación llega en medio de la tensión entre el Gobierno y la oposición por la política en discapacidad. El oficialismo mantiene su rechazo a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad y busca llevar la discusión a la Corte Suprema.

Al mismo tiempo, envió al Congreso una propuesta propia sobre discapacidad que, según advierten desde la oposición, elimina parte de los beneficios vigentes para el colectivo. Uno de los puntos más sensibles es la baja de incentivos fiscales para empresas que desarrollen políticas activas de inclusión laboral.

Desde Unión por la Patria sostienen que el nuevo proyecto busca pasar de la promoción voluntaria a una responsabilidad compartida entre el Estado y el sector privado, con reglas que permitan ampliar el acceso real al empleo.