El Gobierno argentino volvió a marcar una posición categórica frente al desarrollo del yacimiento petrolero offshore Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La reacción oficial llegó después de que las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration —ambas sancionadas por la Argentina— anunciaran la decisión final de inversión para iniciar la explotación de uno de los proyectos energéticos más relevantes del Atlántico Sur.

El yacimiento, descubierto en 2010, se encuentra a unos 220 kilómetros del archipiélago y frente a las costas de Santa Cruz, en línea con Puerto Deseado, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz. Según estimaciones técnicas, podría contener cerca de 819 millones de barriles de petróleo. La compañía israelí Navitas informó en la Bolsa de Tel Aviv que invertirá USD 1.170 millones en la primera etapa del desarrollo.

Cancillería repudió la decisión y recordó la disputa de soberanía

Tras conocer el anuncio, la Cancillería emitió un comunicado en el que expresó su “más enérgico rechazo” a la iniciativa, por considerar que se trata de una operación realizada sobre la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades competentes. El Gobierno remarcó que cualquier exploración o explotación unilateral de recursos naturales en áreas sujetas a disputa vulnera resoluciones claves de Naciones Unidas, como la 2065 (XX), que reconoce la existencia del conflicto de soberanía entre Argentina y Reino Unido.

El texto también cuestionó los actos “conexos” que intentan consolidar la maniobra británica, desde la emisión de normativas locales por parte de las autoridades isleñas hasta la contratación de proveedores y la concesión de licencias sobre territorio marítimo argentino.

Reclamo por el incumplimiento de resoluciones internacionales

La posición oficial subrayó que la acción británica resulta “incompatible” con la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a ambas partes a evitar modificaciones unilaterales mientras se encuentre vigente el proceso de negociación por las islas. En ese punto, el Gobierno recordó que las dos empresas involucradas ya fueron sancionadas por operar de manera ilegal en el territorio argentino.

Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 y quedó inhabilitada por 20 años para operar en el país. Navitas recibió una sanción idéntica en 2022, luego de ejecutar actividades hidrocarburíferas sin contar con permisos nacionales. La administración nacional advirtió que cualquier actor que facilite o participe de estos proyectos podrá enfrentar sanciones, restricciones e incluso acciones judiciales en jurisdicciones locales e internacionales.

Riesgos futuros y advertencias sobre la explotación de recursos no renovables

El comunicado oficial remarcó que el avance hacia la explotación del yacimiento configura “un acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles”, al tratarse de recursos naturales no renovables. En ese marco, el Gobierno aseguró que profundizará su plan de acción diplomática y jurídica para proteger sus derechos soberanos y adoptar medidas que considere necesarias en línea con el derecho internacional.

Un proyecto clave para la economía isleña

Sea Lion es considerado por el Reino Unido como el desarrollo petrolero más importante de la historia de las islas. Rockhopper estima que podría extraer cerca de 500 millones de barriles en su primera fase. El diario británico The Telegraph llegó a señalar que el campo podría contener hasta 1.700 millones de barriles. Es decir, superando con amplitud a Rosebank, el mayor proyecto planificado para el Mar del Norte.

Los estudios difundidos por medios británicos indican que la explotación podría aportar USD 10.000 millones al PBI de las islas y generar más de USD 3.700 millones en ingresos fiscales. La escala del proyecto contrasta con la estructura económica del archipiélago. Y actualmente basada en la cría de ovejas, pesca y turismo, con una población que ronda los 3.500 habitantes.

Rechazo de Tierra del Fuego y pedido de medidas urgentes

El repudio también llegó desde Tierra del Fuego, provincia a la que pertenece jurídicamente todo el territorio de las Islas Malvinas. Autoridades fueguinas calificaron la maniobra como un “accionar unilateral, ilegal y provocador del Reino Unido”. Y recordaron que constituye una vulneración directa de los derechos soberanos de 45 millones de argentinos.

El secretario de Malvinas, Antártida y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, reclamó la inmediata convocatoria del Consejo Nacional de las Islas. Y afirmó que se trata de un “saqueo material” de recursos naturales argentinos. Señaló además que es necesario activar sanciones penales y administrativas contra directivos y empresas involucradas en estas actividades.

Antecedentes y continuidad del conflicto

Las advertencias sobre Navitas no son nuevas: en 2023, durante la gestión de Alberto Fernández, la Cancillería ya había cuestionado las actividades exploratorias de la firma en el área. En 2022, la empresa fue sancionada por operar sin habilitación en la plataforma continental argentina. Un reclamo que también se dirigió al Reino Unido e incluso al Gobierno israelí.

El caso Sea Lion vuelve a tensionar la relación bilateral y reabre el debate sobre las responsabilidades internacionales en zonas de disputa. Para el Gobierno, la decisión británica constituye un paso que profundiza el conflicto. Y afecta de manera directa los derechos soberanos argentinos sobre recursos estratégicos del Atlántico Sur.