El juicio por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Nueva York. Los fondos demandantes solicitaron a la jueza Loretta Preska que declare a la Argentina en desacato y le imponga sanciones económicas por presunto incumplimiento de órdenes judiciales. Entre los castigos reclamados figura una multa coercitiva de al menos un millón de dólares por día mientras, sostienen, el país no entregue documentación clave.

La presentación fue realizada por los abogados de Petersen y Eton Park, con respaldo financiero de Burford Capital. En el escrito sostienen que el Estado argentino no cumplió con el proceso de discovery, que incluía la entrega de correos electrónicos y comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios vinculados al área económica. También pidieron que organismos como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas sean considerados “alter ego” del Estado.

Además del pedido de desacato y la multa diaria, los demandantes reclamaron sanciones civiles, la presunción de que la evidencia no presentada sería desfavorable para la Argentina y la convocatoria a una audiencia con testigos en vivo. En ese marco, mencionaron la posibilidad de citar a funcionarios como el ministro de Economía, Luis Caputo, y al canciller Pablo Quirno. También solicitaron que el país pague los costos legales de ese proceso.

Según el cronograma judicial, la defensa argentina responderá el 19 de febrero, mientras que los demandantes presentarán su réplica el 5 de marzo. Las audiencias fueron fijadas para el 23 y 24 de marzo, fechas en las que Preska deberá definir si hace lugar al reclamo de sanciones.

Desde la Procuración del Tesoro rechazaron el planteo y aseguraron que la Argentina “cumplió plena y ampliamente” con el discovery, con la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y testimonios de distintos funcionarios. En el Gobierno calificaron la presentación como “un intento de hostigamiento” por parte de Burford Capital mediante pedidos “intrusivos y desproporcionados”.

El caso se enmarca en la condena que obliga al país a pagar US$ 16.100 millones más intereses por la expropiación de YPF en 2012. La decisión que adopte la jueza podría tener impacto económico y financiero relevante para la Argentina, en medio de negociaciones externas y un escenario de alta tensión judicial.