En la mañana de hoy, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se expidió sobre el pedido de revisión de constitucionalidad del DNU de Javier Milei. Sin embargo, advirtió que lo hará al regreso de la feria judicial de verano, en febrero próximo. La respuesta se da en consecuencia del requerimiento del Gobierno de la provincia de La Rioja.

La decisión del máximo tribunal responde al pedido del Gobierno del mandatario Ricardo Quintela. Quien solicitó este viernes que se declare la «inconstitucionalidad manifiesta» del DNU 70/2023 de desregulación económica. Asimismo, que se dicte una medida cautelar que suspenda de inmediato su aplicación y que asuma la «competencia originaria» para entender en el asunto. La Rioja lo hizo a través de una «acción declarativa de certeza» presentada por Quintela, con el patrocinio como abogados del exministro de la Corte, Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra.

Además, se reclamó al máximo tribunal del país que habilite la feria judicial de enero que inicia la semana próxima para resolver la causa. Es el primer planteo que llega de manera directa a la Corte contra el decreto de Milei, que empezó a regir desde hoy. También se pide a la Corte que ordene al Poder Ejecutivo «no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la presente causa». La competencia originaria del máximo tribunal se justifica en que en la causa es parte una provincia que demanda al Gobierno Nacional. «Se ha definido que también corresponde a la instancia originaria las causas que se susciten entre una provincia y el Estado federal, en todo tipo de asuntos», argumentaron los abogados.

Causas que originan la demanda

El DNU «tiene malignidad para hacer crujir los fundamentos del Estado. Por dicho motivo, en el entendimiento que se concurre a un ámbito para la armonía del federalismo y la paz, queda debidamente asentada la competencia originaria para entablar esta demanda por la naturaleza del demandante y el objeto enteramente federal de la cuestión que se problematiza y deduce con expectativa de reparación inmediata«, se argumentó en el escrito.

Por ende, «se solicita se resuelva la incertidumbre» en torno a su aplicación. Y, ante la «gravedad institucional, en la inteligencia que conmueve duramente las bases republicanas y democráticas de la Argentina y por ende trasciende los márgenes del caso«, concluyeron.