El día de hoy, en la sede del Obispado de la ciudad de Concepción, monseñor José Díaz otorgó un comunicado de prensa. El mismo trató sobre la situación ocurrida días atrás, cuando un grupo de padres de una menor agredió al sacerdote Pablo Valdez (54), gritándole «violador».

La Justicia tucumana investiga actualmente el grave incidente acontecido el pasado lunes a la noche, en la puerta de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en Simoca.

En el comunicado, monseñor Díaz se puso a disposición «de la presunta víctima y de su familia», como así también de la justicia. Además, detalló que, al tomar conocimiento del hecho dio «apertura a la investigación preliminar que prevé la Iglesia para estos casos», aclarando que en nada se solapa con la acción civil iniciada en la justicia.

En otra parte del informe, explicó que el sacerdote en el centro de la polémica fue «suspendido cautelarmente», hasta que se resuelva su situación procesal. Para finalizar, reafirmó la posición de la Iglesia Católica de trabajar por la protección de niños, niñas y adolescentes, recordando que «es un compromiso de todos los fieles».

El comunicado

«En relación con los hechos de público conocimiento acontecidos en Simoca, en los que se denunció a un sacerdote de mantener una relación con una menor de edad, y que desencadenó en hechos de agresión hacia el sacerdote, informo a toda la comunidad diocesana y a la sociedad tucumana en general cuanto sigue:

1º – Me pongo a disposición de la presunta víctima y de su familia para acompañarlos a atravesar esta difícil situación.

2º – También me pongo a disposición de la justicia civil para colaborar en lo que considere oportuno.

3º – Al tomar conocimiento de la situación y por tratarse de un presunto delito contra el sexto mandamiento del decálogo, es decir, cometido por un clérigo con una persona menor de edad, di apertura a la investigación preliminar que prevé la Iglesia para estos casos. Aclaro que esta investigación en nada obstaculiza la investigación que lleva adelante la justicia civil.

4º – El sacerdote denunciado queda suspendido cautelarmente del ejercicio público del ministerio hasta tanto se resuelva su situación procesal.

5º – Ratifico mi compromiso y el de la Iglesia de la Diócesis de Concepción en trabajar por la protección de los niños, niñas y adolescentes, recordando que es un compromiso de todos los fieles.

6º – También expreso, con profundo dolor y cercanía, mi acompañamiento a toda la comunidad parroquial y diocesana».