Hace siete años, el fiscal a cargo de la la UFI-AMIA, Alberto Nisman, apareció muerto en su departamento, con un tiro en la cabeza. Nada menos que cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a un grupo de colaboradores por el encubrimiento del atentado. Todo, a raíz de la firma del Memorándum con Irán.

La Cámara Federal porteña aseguró que Nisman fue asesinado en el marco de sus funciones. Estaba en vísperas de ir al Congreso a presentar las pruebas de una denuncia que hoy quedó al borde de la nada. Y es que en octubre, el tribunal que debía llevar adelante el juicio oral a la hoy vicepresidenta dijo que el Pacto con Irán no fue un delito.

La causa que busca esclarecer la muerte de Nisman tiene a cinco procesados. El principal es Diego Lagomarsino, el técnico informático que fue acusado de haber sido partícipe necesario en el crimen porque su arma se usó para dar muerte al fiscal. El resto son los cuatro custodios –Rubén Benítez, Néstor Durán, Luis Miño y Armando Niz– que debían protegerlo ese fin de semana.

Lagomarsino insiste en que se trató de un suicidio y cuestiona la pericia de Gendarmería Nacional, que en tiempos de Mauricio Macri determinó un homicidio con hora exacta. Desde hace siete años, la causa sigue teniendo muchas preguntas sin respuestas. Quiénes lo mataron. Por qué. Para qué. El misterio sigue abierto.