La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió una denuncia contra directivos y representantes de varias compañías pesqueras internacionales que operan en el Atlántico Sur con autorizaciones otorgadas por autoridades británicas de las Islas Malvinas. La presentación sostiene que esas actividades afectan la soberanía argentina, el control aduanero y los recursos naturales de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva. La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway. Por el momento, se trata de una denuncia que deberá ser investigada por la Justicia.

Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano, impulsaron la presentación. Según el escrito, distintas empresas extraerían recursos pesqueros amparadas en permisos británicos que los denunciantes consideran inválidos frente a la legislación argentina. También cuestionan que las capturas sean exportadas, trasbordadas o descargadas sin intervención de las autoridades nacionales.

Entre las compañías señaladas aparecen Lanzal, vinculada con Petrel Fishing Company Ltd.; Grupo Pereira, asociada con Argos Group Ltd.; y Pescapuerta, relacionada con South Atlantic Squid. La denuncia también menciona a Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña, junto con distintas sociedades constituidas en las islas. El escrito individualiza además embarcaciones que, según los denunciantes, participan de esas operaciones.

Los delitos que plantean los denunciantes

La presentación sostiene que las maniobras podrían encuadrar en distintos tipos de contrabando previstos por el Código Aduanero. Uno de los argumentos apunta a una eventual evasión del control aduanero argentino mediante exportaciones, trasbordos en alta mar o descargas en puertos extranjeros. También se plantea que el uso de licencias británicas buscaría impedir la fiscalización argentina sobre las mercaderías.

Los abogados invocaron los artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero. Esas normas contemplan conductas vinculadas con impedir o dificultar controles, exportaciones clandestinas y distintos agravantes. La eventual configuración de esos delitos deberá ser determinada por el juzgado durante la investigación.

La denuncia también pide establecer si existió alguna omisión por parte de funcionarios nacionales. El planteo solicita revisar tareas de vigilancia y patrullaje, así como posibles acciones destinadas al cobro de derechos aduaneros y multas. Esta parte de la presentación tampoco implica, por sí misma, que se haya acreditado una responsabilidad de autoridades públicas.

Qué medidas pidieron para avanzar con la causa

Los denunciantes solicitaron que se requiera información a la Prefectura Naval Argentina y al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). El objetivo es obtener reportes de identificación y avistamiento de embarcaciones vinculadas con las empresas mencionadas o de otras naves que operen bajo licencias británicas sin autorización argentina.

También pidieron oficios a la Dirección General de Aduanas para determinar si las compañías registraron exportaciones o abonaron aranceles por las capturas cuestionadas. A la Inspección General de Justicia se le solicitaría información sobre posibles vínculos societarios, filiales y activos que esas firmas mantengan en el territorio continental argentino. La decisión sobre estas medidas dependerá del magistrado interviniente.

La denuncia pesquera se suma a otras actuaciones vinculadas con actividades económicas en el área de Malvinas. En el Juzgado Federal N° 12 tramitan presentaciones realizadas por la Cancillería contra compañías y ejecutivos relacionados con proyectos hidrocarburíferos. En esas causas, el Gobierno identificó a 27 empresarios y directivos de distintas firmas involucradas en operaciones petroleras.

La presentación sobre la actividad pesquera amplía así el frente judicial relacionado con la explotación de recursos naturales en torno a las Islas Malvinas. El expediente deberá determinar ahora si existen elementos suficientes para avanzar sobre las empresas y personas individualizadas. Hasta que exista una resolución judicial, las conductas descriptas permanecen como hipótesis formuladas por los denunciantes.