El oficialismo busca avanzar en el Senado con un régimen excepcional destinado a regularizar contratos de obra pública que permanecen abiertos desde hace años. La propuesta permitiría acordar un pago final entre el Estado y las empresas contratistas, a cambio de cerrar cualquier reclamo administrativo o judicial pendiente. El objetivo es eliminar obligaciones inciertas del presupuesto y despejar obras que todavía no cuentan con una recepción definitiva.

La iniciativa fue presentada por el senador libertario Enzo Fullone, junto con la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y otros integrantes de la bancada. Según confirmó Bullrich, el proyecto cuenta con el respaldo de la Casa Rosada y forma parte de la agenda legislativa que el Gobierno pretende llevar al Congreso. El régimen tendría una vigencia inicial de 24 meses.

El texto parte de una situación que el oficialismo define como un «sistema bloqueado». Existen contratos que continúan abiertos aunque las obras estén terminadas, en uso o abandonadas desde hace varios años. Esa falta de cierre administrativo impide liberar garantías, resolver reclamos y volver a intervenir los proyectos mediante nuevos esquemas de contratación.

Un acuerdo para evitar nuevos juicios contra el Estado

El mecanismo propuesto se basa en concesiones recíprocas entre el Estado nacional y las constructoras. Las empresas aceptarían una suma final calculada mediante criterios técnicos y renunciarían a reclamar ganancias por las etapas de obra que no llegaron a ejecutarse. También deberían desistir de cualquier acción judicial o administrativa, tanto vigente como futura.

A cambio, el Estado condonaría las multas generadas durante el período de parálisis y liberaría las garantías presentadas por las contratistas. Entre ellas se encuentran las pólizas de caución y los fondos de reparo que permanecen retenidos mientras el vínculo contractual continúa abierto. Las empresas tampoco recibirían sanciones en el Registro de Constructores, siempre que no se compruebe dolo o culpa grave.

Para el Gobierno, ese cierre permitiría reducir el riesgo de litigios cuyos costos podrían recaer sobre las cuentas públicas. La firma del acuerdo tendría carácter definitivo y extinguiría cualquier reclamo posterior entre las partes. Cada contrato deberá ser evaluado de forma individual antes de ingresar al régimen.

El Estado pagaría una «certificación de cierre»

El proyecto crea una figura denominada «certificación de cierre», mediante la cual se reconocerían algunos gastos afrontados por las empresas durante la paralización. El cálculo podría incluir el mantenimiento de obradores, la vigilancia y los materiales almacenados. El monto sería único y no admitiría reclamos posteriores por mayores costos administrativos.

Antes de fijar ese pago, la autoridad de aplicación deberá elaborar un informe sobre el estado de cada obra. El análisis tendrá en cuenta el avance físico y financiero, el tiempo transcurrido desde la interrupción y las causas que impidieron completar o recibir formalmente los trabajos. También deberá determinar si el acuerdo resulta conveniente para el interés público.

La propuesta deja en manos del Poder Ejecutivo la designación del organismo que aplicará el régimen. Esa dependencia tendrá que revisar la documentación, validar lo efectivamente construido y proponer el cierre contractual. La empresa podrá aceptar las condiciones o mantener la vía administrativa y judicial habitual.

Los fundamentos del proyecto señalan que existen al menos 57 obras nacionales en estado de neutralización. En Río Negro, por ejemplo, la situación alcanza a trabajos iniciados en las rutas nacionales 22, 23 y 151, algunos de ellos con varios años de demoras. Fullone sostuvo que el problema se repite en distintas provincias y afecta la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo regional.

Qué ocurriría con las obras después del cierre

La regularización administrativa no implica necesariamente que los proyectos sean retomados bajo los contratos originales. Una vez cerrado el vínculo, el Estado podría evaluar nuevas licitaciones, concesiones u otras modalidades para completar los trabajos pendientes. Los proyectos también podrían ser actualizados según las necesidades y los costos actuales.

El oficialismo sostiene que la ley permitiría ordenar las cuentas públicas y liberar emplazamientos que permanecen inmovilizados por contratos antiguos. La discusión deberá definir cómo se calcularán los pagos, qué obras podrán adherir y qué controles tendrá el proceso. El avance de la iniciativa dependerá de los acuerdos que el bloque libertario consiga reunir en el Senado.