La Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar el sobreseimiento del empresario Osvaldo José Sanfelice, histórico socio de la familia Kirchner, en una causa por supuesto lavado de dinero. La decisión se tomó al admitir la intervención de la Unidad de Información Financiera como querellante y habilitar el trámite de su apelación. El expediente investiga la compra del Hotel Waldorf, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, realizada en 2009 por USD 1,2 millones al contado.

La resolución fue dictada por la Sala IV de Casación en dos pronunciamientos vinculados. Por mayoría, los jueces hicieron lugar a los planteos de la UIF, revocaron decisiones anteriores de la Cámara Federal y ordenaron reconocer la continuidad del organismo antilavado dentro del proceso. Con ese criterio, el tribunal dispuso que la apelación contra el sobreseimiento de Sanfelice sea tratada por el tribunal de origen.

La compra del Hotel Waldorf

El caso tiene como eje la adquisición del Hotel Waldorf en abril de 2009. Según la investigación, Sanfelice pagó USD 1,2 millones en efectivo y realizó la operación «en comisión», una figura que supone actuar por cuenta de un tercero. El empresario nunca habría identificado a ese supuesto tercero y, tiempo después, inscribió el hotel a su propio nombre.

La maniobra quedó bajo análisis por la posible existencia de fondos de origen ilícito. Una de las líneas de investigación apunta a determinar si el hotel pudo ser utilizado para lavar dinero mediante operaciones simuladas con huéspedes. También se investigaba si detrás de la compra existían otros beneficiarios reales ocultos.

Los antecedentes con otros hoteles

La operación fue comparada con lo ocurrido meses antes con Hotesur, en Santa Cruz. En noviembre de 2008, Sanfelice pagó USD 3,1 millones en efectivo por el hotel Alto Calafate, también «en comisión». En ese caso, tiempo después, fue Néstor Kirchner quien registró el establecimiento a su nombre.

La entonces diputada del GEN, Margarita Stolbizer, con el patrocinio de la abogada Silvina Martínez, había señalado el crecimiento de la facturación del Waldorf después de su adquisición. Según esa presentación, la empresa era deficitaria antes de la compra, pero luego revirtió su situación económica. Esa evolución fue incorporada como un elemento dentro de la hipótesis sobre posibles maniobras de lavado.

El rol de la UIF en la causa

Uno de los puntos centrales del fallo fue la posibilidad de que la UIF continúe como querellante. La discusión se abrió después del decreto 274/2025, firmado por Javier Milei, que restringió la actuación del organismo como parte acusadora y dejó esa función en manos del Ministerio Público Fiscal. A partir de esa norma, una instancia anterior había limitado la intervención de la unidad antilavado.

La mayoría de Casación entendió que esa restricción no podía aplicarse de manera automática a causas que ya estaban en trámite. Los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo sostuvieron que la UIF había sido admitida previamente como parte y había participado en actos relevantes del proceso. Por eso, resolvieron mantener su continuidad como querellante en este expediente.

La disidencia de Borinsky

El juez Mariano Borinsky votó en disidencia y sostuvo que debía confirmarse el apartamiento de la UIF. Según su criterio, el decreto vigente derogó la normativa que habilitaba al organismo a actuar como querellante. También remarcó que la decisión respondía a razones institucionales vinculadas con recomendaciones del GAFI, la autonomía operativa de la unidad y la necesidad de evitar superposición con el Ministerio Público Fiscal.

Con esa interpretación, Borinsky consideró que la UIF ya no tenía facultades legales para continuar en ese rol. En consecuencia, también sostuvo que no podía impulsar la apelación contra el sobreseimiento de Sanfelice. Su postura quedó en minoría frente al criterio adoptado por Hornos y Carbajo.

La causa vuelve a la Cámara Federal

Con la decisión de Casación, la UIF recupera su intervención como querellante en el expediente. Además, la Cámara Federal deberá tratar la apelación que el organismo presentó contra el sobreseimiento del empresario. La resolución no implica una condena ni una reapertura automática del caso, pero sí habilita una nueva revisión judicial sobre la situación de Sanfelice.

El expediente seguirá enfocado en la compra del Hotel Waldorf y en el origen de los fondos utilizados para esa operación. También deberá analizar si existieron maniobras destinadas a ocultar beneficiarios reales o canalizar dinero ilícito mediante la actividad hotelera. La continuidad de la UIF como parte acusadora permitirá que el organismo sostenga su planteo dentro del proceso.