La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó a principios de mes el pedido de Burford para revisar el fallo que favoreció a la Argentina en el juicio por la estatización de YPF. La decisión representó un nuevo revés para los demandantes, que buscaban reactivar la condena de primera instancia contra el país por más de USD 16.100 millones. Con este rechazo, la principal instancia que queda disponible para los reclamantes es acudir ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El fallo ratificó la decisión previa de la Cámara, que había revocado la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska. En primera instancia, la Argentina había sido condenada a pagar una indemnización millonaria por el modo en que se realizó la expropiación de la petrolera en 2012. La Cámara, sin embargo, consideró que esa resolución se apoyó en una interpretación incorrecta de la ley argentina.

El Gobierno celebró la decisión judicial

El presidente de YPF, Horacio Marín, destacó que la resolución evita para el país un pago de USD 16.000 millones más intereses. A través de una publicación en X, sostuvo que el pleno de la Cámara de Apelaciones denegó la petición impulsada por Burford para revisar el fallo emitido el 27 de marzo. También remarcó que la decisión dejó fuera del caso tanto a la petrolera como a la Argentina.

Marín vinculó el resultado judicial con los planes de expansión de la compañía. Según afirmó, el fallo permite consolidar el Plan 4×4, impulsar exportaciones y proyectar a YPF hacia 2031. Además, señaló que la decisión fortalece el objetivo de posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo.

La Procuración habló de respaldo jurídico

La Procuración del Tesoro de la Nación también celebró la resolución y la presentó como un respaldo a la posición argentina en el proceso de apelación. En un comunicado, el organismo sostuvo que la negativa del tribunal a revisar el fallo reafirma la sentencia favorable obtenida por el país. También destacó la importancia de sostener una estrategia jurídica internacional con coordinación institucional y rigor técnico.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se sumó a las repercusiones oficiales y calificó la decisión como una «excelente noticia». El funcionario compartió el comunicado de la Procuración en sus redes sociales. Para el Gobierno, el rechazo al planteo de Burford fortalece la defensa argentina en uno de los litigios internacionales más relevantes contra el Estado nacional.

Qué puede pasar con el caso

El consultor Sebastián Maril, especialista en juicios contra la Argentina en el exterior, consideró que el rechazo era una decisión esperable. Según explicó, resultaba difícil que el pleno de la Cámara de Apelaciones contradijera la decisión tomada por dos de los tres jueces que habían intervenido en el fallo anterior. Ahora, los demandantes podrían intentar llevar el caso ante la Corte Suprema estadounidense.

El próximo paso dependerá de los plazos procesales. Según el análisis del especialista, los reclamantes cuentan con un período para presentar su pedido ante la Corte Suprema. Si esa presentación se demora, una eventual definición podría quedar para más adelante, en función del calendario judicial estadounidense.

El impacto sobre las derivaciones del juicio

La decisión también mantiene suspendidas otras derivaciones del expediente. Entre ellas, el intento de los demandantes de cobrar la indemnización con el 51% de las acciones de YPF. También queda frenado el proceso de discovery, mediante el cual los fondos buscaban información sobre activos argentinos embargables en el exterior.

El fallo favorable a la Argentina se basó en que la primera instancia interpretó de manera errónea la normativa local. La defensa argentina había sostenido que correspondía analizar el vínculo entre la ley de expropiación y el estatuto de YPF bajo criterios del derecho argentino. La Cámara aceptó ese planteo y concluyó que la sentencia de primera instancia debía ser revocada.

Una causa iniciada en 2015

El juicio por la expropiación de YPF comenzó en 2015 y tuvo un fallo adverso para el Estado argentino en 2023. En aquella sentencia, Loretta Preska, jueza del Distrito Sur de Nueva York, sostuvo que la Argentina violó el estatuto de la compañía durante la estatización de 2012. Según esa resolución, el país debía compensar a accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park.

Todas las partes apelaron y el caso llegó a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. Los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon los argumentos del Estado argentino, de YPF y de los fondos demandantes. Cabranes votó en contra de la Argentina, pero Chin y Robinson fallaron a favor del país al considerar que la jueza de primera instancia aplicó de forma incorrecta la ley argentina.

La defensa nacional había insistido en que el caso debía resolverse en la Argentina o, en su defecto, bajo una interpretación adecuada del derecho local. El tribunal mantuvo que Nueva York era un foro válido para tratar el caso, pero rechazó la forma en que se había aplicado la normativa argentina. Con el nuevo rechazo al pedido de Burford, el expediente queda limitado a una eventual presentación ante la Corte Suprema de Estados Unidos.