En una nueva audiencia del juicio oral por la causa Sueños Compartidos, declaró Marcela Leiva, una exmilitante del movimiento de Emerenciano Sena en Chaco. La mujer trabajó en uno de los obradores del programa de construcción de viviendas sociales de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Durante su testimonio afirmó que sufrió amenazas, maltratos y represalias después de denunciar irregularidades en las obras.

Leiva apuntó contra el líder de su agrupación, contra el exapoderado de la Fundación, Sergio Schoklender, y contra representantes del gobierno provincial. «Incendiaron un auto frente a mi casa, atentaron contra mi vida, recibí amenazas de todos», declaró ante el tribunal. También aseguró que en uno de los proyectos de Chaco se certificaron como «finalizadas» 19 viviendas sociales que todavía no estaban listas para entregar.

Las denuncias de la testigo

La mujer contó que se sumó al movimiento de Emerenciano Sena con la expectativa de acceder a una vivienda propia. Según relató, comenzó a trabajar en un terreno de Resistencia que había pertenecido a un campo de tiro y que formaba parte del programa Sueños Compartidos. Allí cumplía tareas en el pañol del obrador y empezó a advertir faltantes de materiales.

Entre las irregularidades que mencionó, habló de cargas de cemento que desaparecían y de un camión con cocinas que no habría llegado a destino. También denunció atrasos en los pagos, jornadas extensas, pedidos de dinero a los trabajadores y condiciones indignas de alimentación. «Nos trataban como animales», afirmó durante su declaración.

Leiva sostuvo que informó esas situaciones a Emerenciano Sena, a Sergio Schoklender y por nota a Hebe de Bonafini y a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ante la falta de respuestas, llevó el caso a la Justicia provincial. Ese expediente terminó en la Justicia federal por el presunto delito de reducción a la servidumbre.

El rol de Schoklender y Sena

Durante su testimonio, Leiva aseguró que sus reclamos generaron un fuerte rechazo de Schoklender. «No le caía bien a Schoklender porque creo que le hinchaban soberanamente las pelotas mis reclamos», dijo ante el tribunal. También afirmó que, en medio de una discusión, el exapoderado de las Madres le dijo que el problema con ella «se solucionaba a mil metros y con una mira telescópica».

La testigo relató que, cuando comenzaron los conflictos en el obrador, Sena atribuía los problemas a la falta de envío de fondos por parte de la Fundación. Luego, según su versión, Schoklender llegó a Chaco y «se desató una guerra en el ex campo de tiro». Leiva sostuvo que las tensiones crecieron entre los trabajadores, la organización social y los responsables del programa.

También acusó a Sena de rodearse de «matones» para presionar a los trabajadores. Según su relato, el dirigente los insultaba, les atribuía la responsabilidad por el mal funcionamiento de los obradores y no garantizaba los aportes previsionales. La mujer lloró durante la audiencia y afirmó que, después de 15 años, sigue enojada porque el Estado avaló tanto a Schoklender como a Sena.

La causa judicial

La causa Sueños Compartidos investiga un presunto fraude por el desvío de más de $200 millones destinados a la construcción de viviendas sociales. Sergio Schoklender es uno de los nueve imputados por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En el expediente también figuran Julio De Vido y José López, entre otros acusados.

Schoklender había declarado al inicio del debate oral, en marzo de este año. En esa oportunidad, afirmó que la Fundación Madres de Plaza de Mayo funcionaba como un aparato militante del kirchnerismo por orden de Hebe de Bonafini, fallecida en 2022. Durante la audiencia anterior había pedido ampliar su indagatoria esta semana, pero finalmente postergó esa instancia para la próxima audiencia.

El testimonio de Leiva se suma a una etapa clave del juicio, mientras avanza la ronda de testigos. La mujer reconstruyó el funcionamiento de los obradores en Chaco y denunció amenazas después de haber advertido irregularidades en las obras. El tribunal deberá evaluar ahora esos dichos dentro del expediente que investiga el manejo de fondos públicos destinados a viviendas sociales.