Una caja jubilatoria creada recientemente en Salta abrió un fuerte conflicto entre los profesionales alcanzados por el nuevo régimen. El sistema, vigente desde 2025, obliga a nutricionistas, trabajadores sociales y profesionales del servicio social matriculados en la provincia a realizar aportes mensuales fijos. Un grupo de autoconvocados rechaza la norma y reclama una reforma profunda.

La Caja Interprofesional de Seguridad Social fue creada por la ley provincial 8444, aprobada en septiembre de 2024. La afiliación es automática desde la obtención de la matrícula profesional y el esquema prevé aportes obligatorios, con la posibilidad de incorporar nuevas profesiones en el futuro.

Qué cuestionan los profesionales

El principal reclamo apunta al carácter compulsivo del sistema. Los autoconvocados buscan que la caja deje de ser obligatoria y pase a funcionar como un régimen de adhesión voluntaria, con libertad para afiliarse o desafiliarse. También plantean que los aportes no sean montos fijos definidos por el directorio, sino sumas vinculadas a los ingresos reales de cada profesional.

La propuesta de reforma fue presentada por los senadores provinciales Enrique Cornejo y Manuel Pailler. Si avanza, la caja dejaría de parecerse a los regímenes previsionales profesionales tradicionales y se acercaría más a un seguro de retiro complementario, pensado para acompañar una futura jubilación del sistema general.

La licenciada en Trabajo Social Bettina Gómez, referente del grupo de autoconvocados, indicó que de unos 1.200 profesionales alcanzados por la ley, 580 manifestaron su desacuerdo. También señaló que ya presentaron documentación ante ambas cámaras de la Legislatura provincial para sostener el pedido de reforma.

Deudas que crecen mes a mes

Uno de los puntos más sensibles es el impacto económico del régimen. Gómez afirmó que los profesionales que no están aportando ya acumulan deudas de entre $1,5 millones y $2 millones. Esos montos se incrementan cada mes mientras se mantiene vigente la obligación de pago.

En la Legislatura, el senador Cornejo sostuvo que el 70% de los alcanzados por la caja no tendría los medios económicos para afrontar los aportes exigidos. Según los planteos de los autoconvocados, el sistema impone cuotas que van desde $50.000 hasta $127.000 mensuales, sin una certeza clara sobre el haber futuro que recibirán.

El grupo también compara esa carga con la de los monotributistas, que en las categorías más bajas realizan aportes previsionales menores. Según datos de ARCA citados en el debate, ocho de cada diez monotributistas están en las categorías A, B y C, donde el aporte previsional mensual es inferior a $20.000.

Falta de estudios y temor por las matrículas

Los profesionales que resisten la norma sostienen que la ley se aprobó sin estudios actuariales suficientes para demostrar la sostenibilidad del régimen. A ese cuestionamiento suman otros factores de riesgo, como la baja de la natalidad, la inestabilidad laboral y los ingresos variables de muchos matriculados.

En una reunión legislativa, los autoconvocados advirtieron que la caja puede convertir un supuesto beneficio futuro en una carga económica difícil de sostener. También alertaron por una posible pérdida de matrículas si los profesionales no pueden pagar los aportes exigidos.

Otra crítica apunta a que los montos se fijan según la edad, una variable que no siempre guarda relación con los ingresos. Para quienes trabajan en relación de dependencia y ya aportan a la Anses, la obligación representa un pago adicional por el solo hecho de mantener activa la matrícula.

La defensa del sistema actual

La presidenta del directorio de la Caja, Graciela Leal, defendió la ley vigente durante un encuentro en el Senado salteño. Según un comunicado legislativo, informó que hay unos 450 afiliados que ya están aportando y que entre 40 y 50 solicitaron la suspensión transitoria prevista en la norma.

Leal planteó que, ante situaciones de inestabilidad, los profesionales pueden pedir una baja temporaria para reincorporarse más adelante mediante planes de pago y facilidades. Esa respuesta, sin embargo, no conforma a los autoconvocados, que piden modificar el diseño del sistema.

La abogada Ana Inés Rosa, también integrante del grupo que impulsa la reforma, sostuvo que muchas cajas atan la matrícula al aporte previsional. Según explicó, el cambio que se discute busca romper esa vinculación automática para que los profesionales puedan ejercer sin quedar incorporados de manera forzosa a un esquema adicional.

Un debate que excede a Salta

En la Argentina existen alrededor de 80 cajas jubilatorias para profesionales, según relevamientos de la Subsecretaría de Seguridad Social. En general, funcionan por jurisdicción y obligan a los matriculados a aportar allí cuando ejercen determinada profesión en una provincia o en la Ciudad de Buenos Aires.

Estos regímenes suelen ser contributivos: se financian con los aportes de los afiliados y no con impuestos generales, como ocurre en buena parte del sistema previsional nacional. Esa diferencia vuelve más sensible la discusión sobre sostenibilidad, cantidad de aportantes y capacidad real de pago.

El economista Rafael Rofman, investigador de Cippec, advirtió que este tipo de cajas puede generar inequidades respecto del régimen general y costos adicionales para la sociedad. En el caso de Salta, la ley también establece una contribución del 2% sobre honorarios cobrados a obras sociales, prepagas, mutuales, cooperativas y otros usuarios de los servicios profesionales.

La reforma, en discusión

El debate legislativo sigue abierto y los autoconvocados buscan que la modificación avance antes de que las deudas se vuelvan más difíciles de afrontar. El argumento central es que la previsión social debe existir, pero no bajo un esquema obligatorio que muchos profesionales consideran desconectado de sus ingresos.

La discusión en Salta dejó expuesta una tensión más amplia: cómo diseñar sistemas previsionales para profesionales independientes o matriculados sin generar cargas que terminen expulsando del ejercicio formal. La respuesta legislativa definirá si la caja mantiene su carácter obligatorio o si se convierte en un régimen voluntario y complementario.