El Gobierno de Tucumán avanzó este jueves con la demolición de construcciones levantadas ilegalmente sobre tierras fiscales en la ribera del Río Salí, en la zona sur oeste del Puente Lucas Córdoba, en San Miguel de Tucumán. El operativo fue encabezado por la Fiscalía de Estado, la Dirección Provincial del Agua (DPA) y la Dirección General de Catastro, en el marco de la política provincial contra las usurpaciones.

El fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, aseguró que la medida responde a una directiva del gobernador Osvaldo Jaldo. “La orden es tolerancia cero a las usurpaciones y junto a la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, estamos avanzando en poner orden en el patrimonio provincial”, sostuvo.

Además, confirmó que durante la jornada se concretó la demolición de distintas edificaciones ilegales. “Hoy procedimos a la demolición de las construcciones indebidas emplazadas en este sector, recuperando un espacio público que pertenece a todos los tucumanos”, afirmó.

Según explicaron desde el Ejecutivo provincial, la intervención se realizó mediante el procedimiento de autotutela administrativa previsto en el Decreto N.º 3.664/1 (FE). La Resolución N.º 156 de la DPA había constatado la existencia de viviendas, galpones, loteos y actividades comerciales dentro del dominio público hidráulico y en una zona considerada de riesgo hídrico del Río Salí.

A través de informes técnicos y datos obtenidos del sistema GIS de Catastro, se determinó además que los terrenos ocupados no contaban con padrón ni identificación catastral, por lo que pertenecen al dominio público provincial.

Desde la DPA advirtieron que las ocupaciones avanzaban sobre la línea de ribera del río y comprometían el funcionamiento hidráulico de la zona, generando riesgos tanto para quienes habitaban el lugar como para la infraestructura cercana, especialmente el Puente Lucas Córdoba.

Del operativo participaron también el director Provincial del Agua, Marcelo Cancilleri; el director de Protección del Patrimonio y Medio Ambiente, Hugo Vitale; el subdirector de Catastro, Ariel Llabra, y efectivos policiales.

El Gobierno provincial remarcó que la recuperación de tierras fiscales y la liberación de zonas inundables forman parte de una política destinada a preservar el patrimonio público, garantizar la seguridad y evitar nuevas ocupaciones ilegales en sectores de riesgo.