El juez federal Ariel Lijo ordenó un allanamiento en la vivienda de Alejandro Omar Calian, conocido como “El Turco”, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras cambiarias vinculadas al dólar blue durante el cepo. El procedimiento fue realizado por la Policía Federal en una casa de Olivos, donde se secuestraron celulares, computadoras, documentos y otros dispositivos digitales. Según publicó Clarín, la medida forma parte de las últimas diligencias antes de que se levante el secreto de sumario del expediente.

La investigación apunta a cinco funcionarios del Banco Central que habrían facilitado la entrega de SIRAs a Elías Piccirillo, conocido como “el Rey del Blue”. La maniobra bajo sospecha consistía en acceder a dólares al tipo de cambio oficial mediante permisos de importación y luego venderlos en el mercado informal, donde la cotización era considerablemente más alta. En el expediente también se investiga el presunto pago de coimas equivalentes al 15% del valor de esas autorizaciones.

Qué buscó la Justicia en el allanamiento

La orden judicial incluyó el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, tablets, tarjetas SIM, discos externos, pendrives y documentación vinculada con la causa. También se pidió buscar información relacionada con funcionarios del BCRA, Piccirillo, Carlos Migueles, Francisco Hauque y otros financistas. La medida alcanzó además referencias a distintas casas de cambio, bancos y sociedades que quedaron bajo análisis dentro del expediente.

Calian, señalado como amigo del futbolista Rodrigo De Paul, ya tenía antecedentes judiciales por contrabando de motos de alta gama. En 2020, el Tribunal Penal Económico N°1 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por el ingreso ilegal de 51 motos al país. Ahora, su nombre aparece vinculado a una investigación más amplia sobre presuntas operaciones financieras durante el esquema de restricciones cambiarias.

El origen de la causa

El expediente se desprende de otra causa en la que Piccirillo habría armado un falso operativo policial para involucrar a Francisco Hauque con un kilo de cocaína y un arma. En ese contexto apareció la declaración de Carlos “El Lobo” Smith, ex jefe de custodia de Piccirillo, quien se convirtió en imputado colaborador. Según su testimonio, existían presiones sobre funcionarios del Banco Central para obtener SIRAs y pagos destinados a “la campaña electoral”.

Smith es representado por el abogado Rodrigo González y buscaría ampliar su declaración cuando el fiscal Franco Picardi complete una serie de medidas pendientes. Su testimonio fue clave para abrir una línea sobre posibles coimas y maniobras con autorizaciones de importación. La causa permanece bajo secreto de sumario, prorrogado en varias oportunidades por el juzgado.

Los funcionarios bajo la lupa

Entre los investigados aparece Romina García, funcionaria del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA. En la causa se la vincula con una frase sobre los “entongados de arriba”, que habría sido transmitida a Piccirillo. Junto a ella figuran otros funcionarios del organismo, entre ellos Diego Volcic, Analía Jaime, Fabián Violante y María Valeria Fernández.

Todos dependían del entonces superintendente Claudio Golonbeck, cercano al ex presidente del Banco Central Miguel Pesce. El sistema de SIRAs involucraba trámites ante el BCRA, la Aduana y la Secretaría de Comercio, que en ese momento estaba a cargo de Matías Tombolini. La Justicia busca determinar si hubo funcionarios que facilitaron operaciones irregulares o si las autorizaciones se ajustaron al circuito administrativo previsto.

Casas de cambio y sociedades investigadas

La medida también ordenó recolectar información sobre Matías Ezequiel Bocca, ex directivo de la agencia Free Change, ubicada en Tigre. Esa casa de cambio ya había sido sancionada por el Banco Central, junto con otros integrantes vinculados a la firma. En el expediente también aparecen nombres como Mariano Fabián Henaise, Valeria Fabiana Fernández, Eduardo Manuel Gil y Tomás Schulze.

Entre las agencias y sociedades mencionadas figuran Arg Exchange, Xinergia, Creden Agencia de Cambio y Turismo, Banco Sucrédito Regional, Intercash, Cambio Imperial, GS Cambio, Rosario Cambio y Fast Cambio. También aparecen otras firmas como Banco Masventas, Puerto Cambio, Mega Latina, MG Cambio, Gestiones San Miguel, Cambio Bacarat, Mercados Inteligentes y Técnicas Ferroviarias Argentina. La Justicia intenta reconstruir si esas estructuras fueron utilizadas para canalizar operaciones cambiarias bajo investigación.

El antecedente de Tombolini

En una primera denuncia vinculada con maniobras irregulares con SIRAs, el juez Julián Ercolini sobreseyó a Matías Tombolini a pedido del fiscal Eduardo Taiano. En ese fallo se sostuvo que el sistema de importaciones tenía un mecanismo de monitoreo y trazabilidad que no permitía atribuirle facultades discrecionales amplias al entonces secretario de Comercio. Bajo ese criterio, también fueron sobreseídos otros funcionarios y se dispuso el archivo de esa causa.

La investigación que ahora lleva Lijo avanza por otra vía y apunta al posible rol de funcionarios del Banco Central, financistas y operadores cambiarios. Los allanamientos, testimonios y teléfonos aportados por imputados buscan completar el mapa de relaciones antes de que se conozcan más detalles del expediente. Una vez levantado el secreto de sumario, las partes podrán acceder a las medidas reunidas por el juzgado y la fiscalía.