La diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue el otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios, legisladores y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza. El planteo apunta a determinar si existieron irregularidades en la concesión de esos préstamos y si hubo conductas que pudieran encuadrarse en delitos como tráfico de influencias, administración fraudulenta o negociaciones incompatibles.

La presentación se produjo después de que en redes sociales comenzaran a circular datos sobre supuestas deudas millonarias de referentes del oficialismo con esa entidad financiera. La información difundida surgió del sitio “¿Cuánto deben?”, desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky, que permite seguir la evolución de deudas informadas en la Central de Deudores del Banco Central a nombre de figuras públicas.

La sospecha sobre la capacidad de repago

En su denuncia, Frade puso el foco en un punto central: los montos otorgados no se corresponderían, según su interpretación, con los ingresos declarados ni con la capacidad de repago de algunos de los beneficiarios. En ese sentido, advirtió que la normativa del Banco Central exige a las entidades evaluar no solo el nivel de ingresos, sino también su estabilidad.

Para la legisladora, esa condición resulta especialmente sensible cuando se trata de funcionarios públicos sin garantía de permanencia en sus cargos o de legisladores cuyo mandato tiene una duración definida. Bajo esa lógica, sostuvo que si el banco concedió préstamos sabiendo que podían volverse incobrables, podría haber existido una falla relevante en la evaluación crediticia.

Los nombres que quedaron bajo la lupa

Entre los funcionarios mencionados a partir de ese relevamiento aparecen Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, con una deuda inicial de $373 millones, y Federico Furiase, secretario de Finanzas y exdirector del Banco Central, con un pasivo de $367.059.000.

También fue señalado Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital y responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, con un crédito por $112.948.000. A esa lista se suman los diputados de La Libertad Avanza Alejandro Bongiovani, Mariano Campero y Lorena Villaverde, con deudas que van de los $230 millones a los $279 millones.

Las respuestas del oficialismo y del banco

En medio de la polémica, algunos de los involucrados salieron a responder. Campero aseguró que las acusaciones eran maliciosas y sostuvo que no accedió a un crédito discrecional ni excepcional, sino a una línea hipotecaria en UVA disponible para cualquier ciudadano que cumpliera con los requisitos. En una línea parecida, Bongiovani rechazó que tomar una deuda hipotecaria en condiciones generales pueda equipararse con un acto delictivo.

El Banco Nación, por su parte, difundió un comunicado en el que afirmó que el proceso para acceder a estos préstamos es homogéneo y no contempla excepciones. Sin embargo, también trascendió que desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos, con condiciones más favorables que las disponibles para clientes comunes.

Qué pide Frade a la Justicia

En su presentación, la diputada pidió que se analicen los legajos crediticios completos de los funcionarios y legisladores involucrados, así como las actas del Directorio del Banco Nación en las que se hubieran aprobado esas operaciones. También reclamó la intervención del Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia Nacional para verificar si hubo irregularidades en la concesión de los préstamos o perjuicios para la entidad.

Frade sostuvo además que, si se comprueba que algunos beneficiarios accedieron a financiamiento incompatible con su perfil patrimonial o con sus ingresos reales, podría abrirse la puerta a la figura penal de negociaciones incompatibles con la función pública.

La oposición suma presión

La denuncia penal de la legisladora de la Coalición Cívica se sumó a otras iniciativas opositoras. El diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, ya había impulsado pedidos de informe y de acceso a la información pública dirigidos a la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y el Directorio del Banco Nación.

Su objetivo es conocer cuántos funcionarios nacionales mantienen deudas con la entidad, cuáles son los montos comprometidos y qué controles se aplicaron sobre esa cartera crediticia. Paulón aclaró que el acceso a préstamos en bancos públicos no constituye por sí mismo una irregularidad, pero advirtió que la combinación de montos elevados, simultaneidad en los otorgamientos y condición de funcionarios públicos justifica una revisión más profunda.

Un debate que recién empieza

Por ahora, el caso se mueve en el terreno de la denuncia y del pedido de investigación. No hay definiciones judiciales sobre la existencia de delitos, pero el tema ya quedó instalado en la agenda política. Lo que está en discusión no es solo si esos créditos fueron legales, sino si las condiciones en que se otorgaron respetaron los criterios que debería aplicar cualquier banco ante cualquier cliente.

La oposición busca que la Justicia determine si hubo favoritismo, uso de posición institucional o beneficios indebidos. El oficialismo, en cambio, intenta encuadrar el episodio como una operación política montada sobre líneas crediticias disponibles para cualquier persona que calificara. Con esa disputa abierta, ahora será la Justicia la que deba decidir si detrás de esas deudas millonarias hubo algo más que simples préstamos bancarios.