La provincia de Buenos Aires no fue incluida en el esquema de adelanto de fondos que el Gobierno nacional dispuso para doce distritos y, ante ese escenario, Axel Kicillof vuelve a concentrar su estrategia en la Corte Suprema. En La Plata consideran que la disputa por los recursos retenidos por la Nación ya entró en una etapa crítica, en un contexto agravado por la caída de la coparticipación y la paralización de partidas que impactan sobre las cuentas provinciales.

El punto más inmediato de esa pelea está puesto en la audiencia del próximo 21 de abril por los fondos que la ANSES no giró a la caja previsional bonaerense. En la gobernación creen que ese expediente puede abrir una chance concreta de recuperación de recursos, al punto de que el propio Kicillof evalúa asistir personalmente. A la vez, el mandatario salió a desactivar una idea que empezaba a tomar forma entre intendentes peronistas: una movilización de respaldo a la Corte ese mismo día.

Buenos Aires, afuera del reparto

El anuncio nacional se conocerá formalmente este lunes, cuando se publique el decreto firmado por Javier Milei para habilitar un adelantamiento de fondos de coparticipación a doce provincias. La medida apunta a ordenar la relación con gobernadores de cara a la próxima disputa legislativa y alcanzará a Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca, Chubut, Corrientes, Santa Cruz, Río Negro y Misiones, además de dos distritos con perfil opositor como La Rioja y Tierra del Fuego.

Buenos Aires quedó al margen de ese reparto extraordinario y, como el resto de las jurisdicciones no incluidas, seguirá recibiendo recursos por la vía habitual. En la administración bonaerense leen esa exclusión con preocupación, sobre todo porque el deterioro de la coparticipación ya empezó a sentirse con fuerza en los ingresos mensuales de la provincia.

La Corte, el camino que elige Kicillof

Frente a esa situación, la gobernación busca respaldo judicial para recuperar fondos que, según su planteo, la Casa Rosada dejó de transferir desde fines de 2023 en nombre del superávit fiscal. En La Plata sostienen que la deuda nacional con la provincia alcanza los 15 billones de pesos por programas y transferencias frenadas, y que el monto sube a 22 billones si se suman las obras paralizadas y la pérdida de recaudación acumulada en estos dos años.

Esta semana, la provincia presentó una nueva demanda ante la Corte Suprema. Es la octava desde que comenzó la gestión de Milei y reclama 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y del convenio firmado en 2023. Ese planteo incluye el saldo pendiente del acuerdo de 2023 y las diferencias estimadas para el período 2023-2025 vinculadas al Fondo del Conurbano. Además, Buenos Aires pidió una medida cautelar para que se restablezca el método de cálculo original y evitar nuevos perjuicios.

La causa previsional, el expediente que más expectativa genera

Aun así, en el Ejecutivo bonaerense hay otro expediente que hoy concentra más atención que todos los demás: el reclamo por los fondos que la ANSES no transfirió a la caja previsional provincial. Fue la única demanda en la que la Corte ya convocó a las partes. La primera audiencia se hizo el 17 de marzo y la próxima fue fijada para el 21 de abril.

En La Plata creen que allí puede aparecer una señal favorable. Por eso Kicillof salió esta semana a aclarar que no están promoviendo una convocatoria política para ese día. La definición buscó frenar el impulso de algunos intendentes del PJ que preparaban una presencia en la Corte para respaldarlo. “No estamos convocando”, dijo el gobernador en conferencia de prensa, con la intención de bajar el voltaje político de una audiencia que en la provincia consideran especialmente sensible.

La caída de la coparticipación agrava el escenario

El otro dato que encendió alarmas en la gobernación es el retroceso de la recaudación. Fuentes del Ministerio de Economía bonaerense sostienen que en febrero de 2026 la recaudación tributaria nacional cayó casi 10% frente al mismo período del año anterior. Ese descenso implicó, para las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, una pérdida cercana a medio billón de pesos en fondos coparticipables.

En el caso de Buenos Aires, el impacto habría sido de unos 100 mil millones de pesos solo en ese mes. Con ese arrastre, en la provincia aseguran que la pérdida acumulada desde diciembre de 2023 ya supera los 22 billones de pesos entre recursos no enviados y deudas ligadas a la obra pública nacional frenada.

Un conflicto que también se cruza con la política

La decisión de Milei de incluir en el adelanto a provincias como Tierra del Fuego y La Rioja, gobernadas por Gustavo Melella y Ricardo Quintela, también sumó una lectura política. Ambos mandatarios compartieron actividades con Kicillof esta semana en los actos por Malvinas realizados en el sur y mantienen una posición opositora frente a la Casa Rosada.

En ese marco, el esquema de transferencias también aparece ligado a la necesidad del oficialismo nacional de juntar apoyos para proyectos que quiere mover en el Congreso, como la reforma de la Ley de Glaciares y la llamada Ley Hojarasca. Mientras tanto, Buenos Aires mira hacia la Corte y apuesta a que la vía judicial le permita recuperar parte de unos recursos que considera decisivos para atravesar un año de cuentas cada vez más ajustadas.