La decisión de la Justicia de Estados Unidos de anular la condena contra la Argentina en el caso YPF volvió a poner bajo la lupa uno de los episodios más delicados de la política económica reciente. Lo que en 2012 fue presentado por el kirchnerismo como una recuperación de soberanía energética terminó derivando en un litigio multimillonario que durante más de una década dejó al país expuesto a una de las mayores amenazas judiciales de su historia.

La expropiación de la petrolera se produjo en medio de una escalada de tensiones entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la empresa española Repsol, que controlaba YPF desde la privatización de los años noventa. En aquel momento, la administración nacional responsabilizó a la firma por la caída de la producción de petróleo y gas, y sostuvo que el deterioro del sector energético obligaba a recuperar el control de la principal compañía del rubro.

El avance sobre YPF y el papel de Kicillof

El 16 de abril de 2012, Cristina Kirchner anunció el envío al Congreso del proyecto para declarar de utilidad pública el 51% del capital accionario de YPF. La medida apuntó directamente a la participación de Repsol y ese mismo día quedó dispuesta la intervención de la empresa, con ingreso inmediato del Estado en la conducción operativa.

En esa etapa tuvo un rol central Axel Kicillof, entonces figura ascendente del equipo económico y uno de los principales defensores políticos de la estatización. Su intervención fue clave tanto en el diseño de la decisión como en la argumentación oficial que la rodeó. El kirchnerismo convirtió la expropiación en una bandera política, pero con el correr de los años quedó expuesto que la ejecución de esa jugada abriría un frente judicial enorme para la Argentina.

Una ley aprobada, pero con un punto decisivo sin resolver

El proyecto avanzó con amplio respaldo parlamentario y pocas semanas después se convirtió en ley. A partir de esa sanción, el Estado nacional pasó a controlar la petrolera junto a las provincias productoras. Sin embargo, el conflicto no quedó cerrado con esa aprobación política. Al contrario, ahí empezó otra historia, más silenciosa al principio, pero mucho más costosa después.

La expropiación abrió una disputa directa con Repsol, que rechazó la medida y exigió compensación. Luego de negociaciones que se extendieron durante meses, en 2014 la Argentina acordó pagar unos USD 5.000 millones en bonos para cerrar ese conflicto con el accionista mayoritario. Pero mientras el kirchnerismo daba por saldado el episodio, seguía latente otro problema que no había sido resuelto.

El estatuto que el Estado decidió no cumplir

Ese punto crítico estaba en el propio estatuto societario de YPF. Allí se establecía que quien tomara el control de la compañía debía hacer una oferta pública de adquisición al resto de los accionistas. El Estado avanzó con la expropiación, pero no cumplió con ese mecanismo. Esa omisión fue la que terminó convirtiéndose en el eje central del juicio.

Los accionistas minoritarios sostuvieron que habían sido perjudicados y llevaron el caso a los tribunales de Nueva York. Más adelante, esos derechos de litigio quedaron en manos de fondos especializados, entre ellos Burford Capital, que tomó el expediente y lo empujó durante años. Lo que había arrancado como una decisión política interna del kirchnerismo empezó a mutar en una demanda internacional de proporciones gigantescas.

El juicio que se volvió una amenaza multimillonaria

La causa avanzó durante años en Estados Unidos con un planteo muy concreto: la Argentina había tomado el control de YPF sin respetar las reglas societarias que ella misma había aceptado. Bajo esa interpretación, el país debía indemnizar a los accionistas minoritarios por no haber lanzado la oferta correspondiente.

En 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de la Argentina y fijó una condena superior a los USD 16.000 millones. Con intereses, el monto ya superaba los USD 17.000 millones. La sentencia se transformó en la mayor condena económica impuesta contra un Estado soberano en tribunales estadounidenses y dejó al país frente a un riesgo financiero descomunal.

Una bandera política que terminó costando caro

Durante años, el kirchnerismo defendió la estatización de YPF como una decisión estratégica y de soberanía. Pero el problema nunca estuvo solo en la expropiación en sí, sino en cómo se hizo. El costo judicial no nació de haber recuperado el control de la petrolera, sino de haber avanzado sin respetar un punto central del estatuto de la propia empresa. Ahí es donde la operación política terminó mostrando su costado más caro.

Ese desajuste entre el gesto político y las obligaciones legales fue el que dejó a la Argentina atrapada durante más de una década en un expediente que creció hasta volverse explosivo. La discusión de fondo, entonces, no pasa únicamente por el relato de soberanía energética, sino por la improvisación o la desatención jurídica con la que se empujó una medida de enorme impacto.

El fallo que cambió el escenario, pero no borra el origen

La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de anular la condena modificó de manera sustancial el panorama judicial y alivió al país en uno de sus frentes más pesados. Sin embargo, el nuevo fallo no cambia el origen del problema: el caso nació en 2012, en plena gestión kirchnerista, cuando el Estado decidió avanzar sobre YPF sin cumplir una obligación clave prevista en el estatuto societario.

Por eso, aun con este revés para los demandantes, la historia de YPF deja una enseñanza incómoda para el peronismo y especialmente para el kirchnerismo. Una decisión presentada como epopeya política terminó poniendo a la Argentina al borde de una condena multimillonaria. Y esa sombra no cayó del cielo: fue consecuencia directa de cómo se hizo la expropiación.