La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los pedidos de prescripción presentados por las defensas en la causa que investiga supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios argentinos. La decisión mantiene abierta la investigación judicial vinculada a contratos de ampliación de gasoductos adjudicados durante los gobiernos kirchneristas. Entre los acusados figuran el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Energía Daniel Cameron.

El fallo fue firmado por la Sala I del máximo tribunal penal, que ratificó decisiones previas de instancias inferiores. De esta manera, se descartó que el paso del tiempo haya extinguido la acción penal, como habían planteado algunas de las defensas. La resolución permite que la causa continúe su curso en los tribunales federales.

Quiénes están imputados en la causa

Además de De Vido y Cameron, el expediente incluye a otros ex funcionarios y empresarios. Entre ellos se encuentran Bautista Jacinto Marcheschi, Luis Alberto Beuret, Cristian Folgar y Marcio Faría Da Silva, junto con la propia empresa Odebrecht S.A.. Todos están acusados de haber participado en un esquema de pagos ilegales para favorecer a la constructora en obras públicas vinculadas al sistema de gasoductos.

La investigación busca determinar si funcionarios argentinos recibieron sobornos a cambio de adjudicar contratos para ampliar las redes de Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte. Según la hipótesis judicial, estos pagos habrían sido parte de una estrategia internacional de la empresa para obtener beneficios en licitaciones públicas.

El fallo de la Cámara de Casación

La decisión de Casación respondió a recursos presentados por las defensas de varios imputados luego de que instancias anteriores rechazaran los planteos de prescripción. En particular, las apelaciones cuestionaban una resolución de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que había desestimado esos pedidos en el expediente.

Los jueces Daniel Petrone y Javier Carbajo votaron por rechazar las quejas presentadas por los imputados. En su argumento señalaron que la negativa a declarar la prescripción no constituye una sentencia definitiva ni genera un perjuicio irreparable. Por lo tanto, consideraron que no correspondía habilitar la revisión en esa instancia.

Un voto en disidencia dentro del tribunal

La decisión no fue unánime dentro de la Sala I. La jueza Ángela Ledesma votó en disidencia y sostuvo que los argumentos de las defensas merecían ser analizados con mayor profundidad. Según su criterio, algunos de los planteos podrían encuadrar dentro de las causales que permiten revisar la decisión.

A pesar de esa postura minoritaria, la mayoría del tribunal resolvió mantener vigente la investigación. Con ese pronunciamiento, quedó firme la decisión de continuar el proceso judicial que analiza los presuntos pagos ilegales.

Sobornos millonarios bajo investigación

El expediente judicial investiga presuntos pagos ilícitos por unos 25 millones de dólares, que habrían sido realizados entre 2007 y 2014. Según la acusación, esos fondos habrían sido canalizados a través de una estructura secreta creada por Odebrecht para distribuir sobornos en distintos países.

Ese sistema de pagos clandestinos ya fue admitido por la empresa en procesos judiciales en Brasil y Estados Unidos. La constructora reconoció haber utilizado una división interna dedicada a operaciones encubiertas para garantizar contratos de obra pública en varios países de América Latina.

El rol de funcionarios y organismos estatales

Durante la investigación también se analizaron los antecedentes laborales de algunos de los imputados en organismos del Estado. Por ejemplo, Cristian Folgar, uno de los acusados, se desempeñó como asesor en la Cámara de Diputados hasta el año 2020. Con anterioridad también integró el directorio de la empresa energética CAMMESA.

Estos antecedentes fueron utilizados por la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en el expediente, para oponerse a los pedidos de prescripción. El organismo sostuvo que la ocupación de cargos públicos puede influir en el cómputo de los plazos judiciales.

Una investigación que lleva más de 17 años

La causa Odebrecht en Argentina comenzó hace más de 17 años y se encuentra dividida en distintos tramos. Uno de ellos, conocido como Odebrecht-AySA, ya llegó a etapa de juicio en 2019 por presuntas irregularidades en contratos de obras sanitarias.

El expediente vinculado con los gasoductos aún permanece en etapa de investigación preparatoria. En este tramo se analizan las declaraciones de ex ejecutivos de la constructora que colaboraron con fiscales brasileños. Entre ellos figuran Marcio Faría Da Silva y Luiz Antonio Mameri, quienes aportaron información sobre el funcionamiento del sistema de pagos ilegales.

La causa seguirá su curso en Comodoro Py

Con la decisión de la Cámara de Casación, la investigación continuará en los tribunales federales de Comodoro Py. El expediente seguirá bajo la órbita de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien deberá avanzar con las próximas medidas procesales.

El fallo también refuerza la continuidad de una de las derivaciones locales del escándalo de corrupción que involucró a Odebrecht en varios países de la región. La resolución del máximo tribunal penal impide que la causa sea archivada por prescripción y mantiene abierta la posibilidad de que el caso avance hacia etapas posteriores del proceso judicial.