El gobierno de las Islas Malvinas, bajo administración del Reino Unido, autorizó la explotación petrolera del yacimiento Sea Lion, un proyecto que prevé extraer 55.000 barriles diarios a partir de 2028. La medida, impulsada por las empresas Rockhopper (Reino Unido) y Navitas (Israel), desató un reclamo inmediato del gobierno de Tierra del Fuego, que exigió al presidente Javier Milei adoptar medidas “firmes y contundentes” frente al avance británico en un territorio reclamado por la Argentina.

La autorización incluye una inversión inicial de hasta US$2100 millones en la primera etapa del Programa de Desarrollo del Área Norte, un proyecto que las compañías vienen preparando desde hace casi una década, cuando anunciaron el hallazgo de un yacimiento considerado “de clase mundial”.

Una decisión que reactiva tensiones históricas

Según informó Rockhopper desde Londres, su directorio aprobó la inversión correspondiente a la Fase 1 del desarrollo, un paso que también fue avalado por Navitas Petroleum. Ambas compañías confirmaron que ya cuentan con todas las autorizaciones necesarias para avanzar, mientras que el gobierno isleño habilitó la producción para las Fases 1 y 2. Las licencias tendrán una vigencia de 35 años o más, según la duración del proceso extractivo.

Las autoridades de las islas señalaron que se cumplió la condición fijada por su Consejo Executive Council, quedando activadas las aprobaciones previas. Para el archipiélago, el proyecto podría transformar su economía al generar nuevos ingresos por regalías e impuestos, hoy sostenida principalmente por la pesca y la actividad ovina.

La explotación se ampara en la Ordenanza de Minerales Offshore de 1994, que faculta al gobernador —designado por el Reino Unido— a otorgar licencias en nombre de la Corona sobre las aguas controladas por las islas.

El antecedente diplomático y el posicionamiento argentino

En 2023, cuando el Reino Unido impulsó una consulta entre los residentes para avanzar con este plan, la Cancillería argentina —entonces encabezada por Diana Mondino— rechazó públicamente las actividades hidrocarburíferas “ilegales” en la zona, recordando que la Argentina mantiene un reclamo histórico de soberanía.

Ahora, con la autorización ya formalizada, surge un interrogante central: cómo reaccionará el gobierno nacional en un contexto marcado por el alineamiento político con Israel y por las negociaciones con Gran Bretaña para flexibilizar el veto que impide la venta de armas modernas al país desde la guerra de Malvinas.

Tierra del Fuego reclama medidas urgentes

Tras conocerse la decisión británica, el gobierno de Gustavo Melella en Tierra del Fuego emitió un fuerte comunicado. Su secretario de Malvinas, Andrés Dachary, expresó un “rechazo absoluto y enérgico” a la autorización en Sea Lion, calificándola como una acción “unilateral, ilegal y provocadora” del Reino Unido destinada a explotar recursos “argentinos en territorio ocupado”.

El funcionario reclamó a la Cancillería que adopte “todas las medidas diplomáticas y jurídicas posibles en los foros internacionales” y reafirme ante la comunidad internacional que la Argentina “no consiente ni reconocerá” ningún tipo de explotación hidrocarburífera en áreas bajo ocupación británica.

Dachary advirtió que el Gobierno debe actuar: “Las acciones firmes que se adopten contarán con el respaldo unánime del pueblo argentino”, aseguró. En declaraciones posteriores, sostuvo que la Nación no convoca al Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Malvinas desde hace más de un año y que un simple comunicado no alcanza, dado que la explotación —ya no solo la exploración— fue formalmente autorizada.

Una presión política que vuelve a la Casa Rosada

Tierra del Fuego anticipó que solicitará una reunión urgente del Consejo Nacional de Malvinas. “No hay opción para que la Argentina no tome las cartas más duras sobre el asunto”, insistió Dachary.
Al cierre de esta nota, la Cancillería que encabeza Pablo Quirno no respondió a las consultas.

El tema agrega tensión a una agenda bilateral ya sensible, en momentos en que la administración Milei busca recomponer vínculos estratégicos con el Reino Unido y consolidar una alianza con Israel.

Un conflicto con antecedentes de sanciones

La empresa israelí Navitas ya había sido objeto de sanciones por parte del Estado argentino. En abril de 2022, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 240/2022. Y que inhabilitó a la compañía por 20 años para operar en territorio nacional debido a sus actividades hidrocarburíferas sin autorización en Malvinas. El entonces canciller Santiago Cafiero calificó esas operaciones como “ilegales” y “clandestinas”.

Aunque el reclamo involucraba al Reino Unido, también incluía advertencias a Israel, país en el que se radica Navitas, ahora protagonista de la futura explotación en Sea Lion.