El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que el exjuez federal Walter Bento sea declarado culpable como líder de una red de corrupción que operó durante más de una década en Mendoza. Según la acusación, desde 2007 el magistrado otorgaba beneficios procesales a cambio de sobornos en dinero, autos de lujo e inmuebles.

El pedido fue formulado durante los alegatos de cierre en el juicio oral que se desarrolla desde julio de 2023 y que ya acumula más de 130 audiencias, en uno de los procesos judiciales más extensos en la historia de la provincia. La fiscal general María André, junto a Dante Vega, Diego Velasco (Procelac) e Ileana Schygiel, sostuvo que en el despacho de Bento funcionaba el centro de una organización criminal destinada a manipular causas judiciales.

“Esta es la causa de una organización criminal que desde el interior mismo de este edificio se dedicó a lo largo de años a cometer distintos delitos que tenían como epicentro el cobro de sobornos a cambio de resoluciones judiciales”, afirmó André en su exposición, difundida por el sitio oficial del MPF.

La caída del juez federal

Bento había sido titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, con competencia en delitos de crimen organizado y en materia electoral. En 2023, el Consejo de la Magistratura lo suspendió y envió a juicio político por mal desempeño. En noviembre de ese mismo año, el Jurado de Enjuiciamiento lo destituyó, y al perder los fueros se hicieron efectivas las prisiones preventivas. Desde entonces permanece detenido en el complejo penitenciario de Cacheuta.

En este proceso también fueron acusados 24 personas, entre ellas su esposa Marta Boiza y su hijo Nahuel, exsecretario de la Cámara Federal de Apelaciones. La fiscalía sostuvo que la familia se benefició con maniobras de lavado y enriquecimiento ilícito. Y que el circuito de sobornos habría generado ingresos ilegales por al menos 1,7 millones de dólares.

La red y sus integrantes

Además de Bento como líder, la fiscalía apuntó a los abogados Jaime Alba y Luciano Ortego como organizadores. Otros letrados, junto al excomisario José Gabriel Moschetti y el narcotraficante condenado Walter Bardinella Donoso, fueron señalados como parte activa de la trama.

Los investigadores analizaron más de 300 testimonios, cientos de miles de fojas y un vasto volumen de evidencia digital. Durante el juicio se ventilaron 14 casos concretos en los que, según la fiscalía, se verificaron favores judiciales a cambio de pagos en dólares y otros bienes.

Lo que viene

El Tribunal Oral Federal N°2, integrado por las juezas María Carolina Pereyra, Gretel Diamante y Eliana Ratta, fijó para el miércoles 10 de septiembre la audiencia en la que comenzarán los alegatos de las defensas. Después, los imputados podrán pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto.

En paralelo, Bento enfrenta cargos por cohecho pasivo agravado en 11 hechos, prevaricato y omisión de justicia. También enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica, abuso de autoridad, violación de secretos y ocultamiento de pruebas.

“Es momento entonces de que la ciudadanía escuche también que las instituciones existen, funcionan y reaccionan ante estos graves delitos. Quienes la incumplen son castigados y que la corrupción no queda impune”, expresó la fiscal André en el cierre de su alegato.