Los presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones alertaron sobre las dificultades que generará el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 575/2025, que establece un nuevo régimen para la administración y disposición de bienes provenientes de actividades ilícitas. En un comunicado, remarcaron que la norma introduce “interrogantes, contradicciones y superposiciones regulatorias” que podrían complicar los procesos judiciales en curso.

El decreto, que regula la conservación y destino de activos cautelados en causas de competencia nacional y federal, fue cuestionado también por “soslayar” el trabajo de la Corte Suprema de Justicia, que en junio había aprobado la Acordada 22/25 para ordenar el manejo de efectos secuestrados y bienes decomisados. Según los magistrados, la superposición normativa genera dudas sobre la aplicación práctica del régimen.

Otro de los puntos señalados fue el posible impacto del DNU sobre la Ley de Autarquía Judicial (23.853). La cual define los recursos propios del Poder Judicial y su asignación presupuestaria. En ese sentido, advirtieron que podría haber choques entre la normativa vigente y lo dispuesto por el Poder Ejecutivo.

Frente a este escenario, los jueces llamaron a un “diálogo institucional sin mayores dilaciones” entre el Gobierno, la Corte y el Poder Judicial. Así definir “acciones concretas que permitan arribar a soluciones integrales”. Y garantizar que los bienes recuperados por delitos sean administrados con transparencia y seguridad jurídica.