Del 9 al 11 de diciembre del año 2013, la Policía de Tucumán se declaró en huelga en el marco de un quite de colaboración. Esta medida arbitraria tomada por los integrantes de la fuerza de seguridad convirtió a la provincia en un verdadero infierno. De aquél acontecimiento luctuoso durante la gobernación de José Alperovich se cumplen ocho años.

Por entonces, reclamaban un aumento salarial que eleve el sueldo a $10.000 y se redujo al mínimo la presencia policial en las calles del Gran San Miguel. Esta situación derivó en saqueos a supermercados, casas de familia y negocios, lo que obligó a vecinos a enfrentarse a los delincuentes a los tiros. Sólo en la primera noche de incidentes se registraron unos 30 heridos con armas de fuego.

En ese contexto, en la mañana del día 10, Alperovich había asegurado al periodismo que “la seguridad está bien, el ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer, está tratando de dialogar con los policías para ver qué sucede”. No obstante, Víctor Nacusse, vocero de los uniformados que estaban de paro, advirtió que “esto se puede complicar hora tras hora” e indicó que “podría haberse evitado”.

En ese contexto, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) determinó que los colectivos circulen hasta las 21, para evitar “ataques a chóferes y pasajeros”. A su vez, la ministra de Educación, Silvia Rojkés de Temkin resolvió que no haya clases en toda la provincia y en todos los niveles. En horas de la noche, gendarmes comenzaron a vigilar las calles, al menos en la ciudad capital.

Al año siguiente, los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni, imputaron a 47 policías y expolicías por “sedición agravada por su condición de agentes de la fuerza pública y por la ostentación de armas de fuego”, entre otros delitos. La causa fue elevada a juicio en 2018 pero nada ocurrió hasta la fecha a pesar de que los muertos se contaron por decenas.