El expediente por la expropiación de YPF llegó a un momento crítico con la decisión que debe tomar este lunes la jueza Loretta Preska en Nueva York. La magistrada notificó que dará a conocer si acepta el pedido de la Argentina para suspender la orden que la obliga a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos litigantes mientras se tramita la apelación.

El Gobierno argentino formalizó la semana pasada la apelación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. En medio de tensiones políticas y negociaciones internas, el equipo legal intentó ganar tiempo y evitar la cesión de las acciones antes de que se resuelva la cuestión de fondo.

En Washington, la expectativa política se combinó con la preocupación por el impacto que pueda tener un eventual embargo sobre activos públicos. Este lunes constituía la fecha límite original para que el país depositara las acciones en custodia en un banco de Nueva York, en cumplimiento de la sentencia dictada por Preska en junio.

La magistrada de Nueva York le comunicó por escrito a la Argentina y a los beneficiarios del fallo, los fondos Burford y Eton Park, que definirá hoy sobre el pedido del Gobierno y, por ende, las posibles sanciones al país por incumplimiento- mientras se sustenta la apelación. Preska además les dio a las partes “tres días adicionales” para ir a la Corte de Apelaciones, algo que la Argentina hizo el jueves pasado, al adelantarse a lo que esperan sea un fallo adverso de Preska.

El Gobierno busca evitar que se materialice la entrega de las acciones de YPF, algo que según los abogados del Estado implicaría una pérdida definitiva de control sobre la compañía. La defensa resaltó que la ley argentina de expropiación de 2012 exige una mayoría de dos tercios en el Congreso para cualquier cesión de la participación estatal en la petrolera.

Para el oficialismo, permitir el traspaso forzoso vulneraría la soberanía nacional y sentaría un precedente jurídico peligroso. El Ministerio de Economía advirtió sobre el impacto que podría tener en las finanzas públicas la pérdida de un activo estratégico en medio de las negociaciones por la deuda y el ajuste fiscal.