A partir del 1 de octubre, todas las subastas judiciales de los tribunales nacionales y federales con sede en la Ciudad de Buenos Aires se realizarán bajo un nuevo reglamento que busca garantizar mayor transparencia y participación ciudadana. Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la Acordada 15/2025, firmada por los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Con la puesta en marcha de esta normativa, los remates dejarán de requerir presencia física y podrán seguirse en línea, en tiempo real. Los ciudadanos podrán observar las pujas desde cualquier lugar del país, y los postores podrán participar sin revelar su identidad.

El objetivo es agilizar la venta de bienes judicializados, permitir un control público efectivo y facilitar el acceso a un proceso que históricamente estuvo limitado a círculos reducidos.

Cómo funcionará el nuevo mecanismo de ofertas

El reglamento establece que cada subasta se iniciará automáticamente con un enlace específico, al que accederán los participantes previamente habilitados. Las pujas serán anónimas y gestionadas por un sistema automatizado, que cruzará las ofertas sin intervención humana directa, aunque bajo supervisión judicial.

En caso de existir un valor base —como sucede con inmuebles o bienes de alto valor—, las ofertas deberán superar ese monto en tramos del 5%. Si no hay base, el sistema calculará los tramos a partir de la primera oferta recibida.

Una de las particularidades es que los participantes podrán cargar, antes del inicio de la subasta, el precio máximo que están dispuestos a pagar. El sistema ofertará de forma automática en nombre del usuario, superando en cada tramo la última puja registrada, hasta alcanzar el tope secreto del postor.

Mecanismo antifraude y prórroga automática del cierre

Para evitar maniobras especulativas sobre el final del proceso, el reglamento incluye una cláusula de prórroga automática. Si en los últimos tres minutos alguien presenta una oferta más alta, el cierre se extenderá diez minutos más. Esto puede repetirse sucesivamente mientras haya nuevas pujas, garantizando que todos tengan oportunidad de competir.

Los avisos de extensión serán automáticos y llegarán a todos los postores activos para evitar confusiones o desconexiones imprevistas.

Un desarrollo interjurisdiccional con base tecnológica bonaerense

El sistema que utilizará la Justicia porteña tiene su origen en un acuerdo con la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. En 2010 ambas cortes firmaron un convenio de cooperación y, en 2024, la Corte bonaerense cedió sin costo el software para las subastas electrónicas, bajo la condición de uso exclusivo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por eso, el nuevo reglamento no se aplicará —al menos por ahora— en la Justicia federal con asiento en otras provincias. Su eventual extensión dependerá de futuras resoluciones y de la cooperación técnica con el sistema judicial bonaerense.