El Gobierno provincial oficializó el retiro obligatorio de Maximiliano Ochoa Roldán, exdirector de la Policía Caminera, acusado de liderar una red delictiva dentro de la fuerza. A pesar de su detención, percibirá una jubilación superior a los 4 millones de pesos por mes.

La resolución fue firmada por el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, y publicada en el Boletín Oficial de la provincia. La medida implica la desvinculación definitiva de Ochoa Roldán de la fuerza policial, aunque no lo exime del proceso penal ni de futuras sanciones administrativas que podrían derivar en la exoneración.

Actualmente, Ochoa Roldán se encuentra bajo prisión preventiva en el penal de Bouwer, imputado por asociación ilícita, coacción, extorsión, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento. Pese a ello, accederá a una jubilación completa por su rango y antigüedad, algo que generó indignación en Córdoba.

Un retiro en medio del escándalo

Quinteros confirmó que la jubilación se tratará por la Caja de Jubilaciones de la provincia, y advirtió que el beneficio solo se perderá si la Justicia dicta una condena firme que implique su exoneración. «Lo pasamos a retiro, ahora es un tema de la Caja. Si lo condenan, deja de cobrar», aseguró el ministro en declaraciones a El Doce TV.

El contraste con otros casos similares llamó la atención. Mientras algunos efectivos procesados solo perciben el 30% de su haber hasta que se resuelve su situación judicial, el exjefe de la Caminera cobrará el 100% de su retiro. La situación no tardó en generar malestar social.

Una red con cargos estratégicos

La detención de Ochoa Roldán se produjo en el marco de un operativo ordenado por el fiscal Guillermo González, que incluyó once allanamientos en distintas localidades cordobesas, como Cosquín, Salsipuedes, La Falda, Huerta Grande, La Calera y Unquillo, entre otras.

En los procedimientos se secuestraron computadoras, teléfonos, dinero en efectivo, documentación, armas de fuego y vehículos, todos puestos a disposición de la causa. La investigación apunta a una supuesta organización delictiva que operaba desde dentro de la propia Policía Caminera, utilizando datos reservados y recursos públicos para obtener beneficios económicos.

Según la acusación, los implicados ofrecían favores judiciales, reducción de penas o “soluciones” en conflictos por ocupación de terrenos, a cambio de pagos de hasta el 30% del valor de los inmuebles en disputa.

Vínculos internos y externos

El grupo estaba conformado por funcionarios policiales y civiles. Además de Ochoa Roldán, fueron detenidos Leonardo Javier Torres (exjefe de asesoría letrada), Martín Darío Heredia (comisario inspector de la Caminera), Jorge Gutiérrez (titular del programa de Protección de Testigos), Dante Gabriel Villalba (suboficial y chofer de Jefatura), el civil Gabriel Burkhard y Gastón Ochoa Roldán, abogado y hermano del exjefe.

Las maniobras incluían extorsiones y presiones sobre personas involucradas en causas judiciales. La investigación se fortaleció tras un informe aportado por la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, que trabajaba una causa paralela sobre estafas con inmuebles. Ambos expedientes confluyeron cuando se comprobó que las bandas compartían contactos y modos de operación.

Una estructura paralela al margen de la ley

Según el fiscal González, la organización se beneficiaba de su “perfil institucional” para conseguir información confidencial y utilizarla con fines privados. Los roles jerárquicos dentro de la fuerza eran clave para acceder a datos judiciales o intervenir en trámites sensibles, lo que facilitaba los acuerdos informales con presuntos damnificados.

El Ministerio Público Fiscal aclaró que la causa no está relacionada con el funcionamiento operativo o administrativo de la Policía Caminera, ni con la recaudación por multas de tránsito. Se trata, en cambio, de una red con conexiones propias que habría aprovechado sus vínculos institucionales para lucrar al margen de la ley.