La justicia resolvió declarar la incompetencia de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, al frente de la causa que investiga al presidente Javier Milei. Se trata de la investigación por la presunta responsabilidad del mandatario en una posible estafa tras publicar un tuit publicitando la polémica criptomoneda $Libra. Tras apartar a la magistrada, la Cámara Federal de San Martín ordenó que el caso quede en manos de la la jueza federal, María Servini. De este modo, la Cámara trasladó el expediente a los tribunales federales porteños de Comodoro Py.

En su escrito, la Cámara Federal argumentó que la Justicia porteña fue la que recibió la primera denuncia sobre el caso $Libra. Además, señaló el tribunal impulsó de manera directa la investigación a través del fiscal. «Entiendo que la Justicia federal de CABA hoy se encuentra en una mejor posición procesal e investigativa, en comparación a lo sucedido en la Justicia federal de San Isidro. Se dispusieron medidas de prueba para investigar la totalidad de los hechos denunciados, no únicamente el fragmento que el juzgado federal de San Isidro consideró ‘central’ y que llevó a desatender la dilucidación de otros hechos considerados relevantes para la fiscalía en esta etapa inicial del proceso», señaló el camarista Juan Pablo Salas.

Jurisdicción del caso

La jueza Arroyo Salgado había solicitado que el expediente sea trasladado a San Isidro luego de que recayera una denuncia por el caso $Libra en su juzgado. Los denunciantes fueron hasta allí porque consideraban que el presunto ilícito se había realizado en esa jurisdicción (el presidente habría publicado el tuit desde la Quinta de Olivos). No obstante, existía otra causa abierta en Comodoro Py. Allí, la jueza Servini delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. En marzo pasado, el fiscal ordenó allanamientos en los domicilios de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes estuvieron reunidos en la Casa Rosada y se encuentran involucrados en la causa. También allanó la casa de Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores.

Por su parte, el Congreso avanzó en la conformación de una comisión investigadora. En ese sentido, el parlamento armó una lista de funcionarios para citar a que declaren respecto al caso. En esta quedó afuera el presidente Milei. El proyecto de resolución establece que la comisión debe constituirse el 23 de abril, pero el plazo límite para asignar a los integrantes vence hoy. El cuerpo estará integrado por 25 diputados: uno por cada bloque que tenga cinco diputados, dos por cada bloque con más de cinco diputados y un miembro adicional por cada 20 diputados.