La venta de autos 0km está prácticamente detenida, debido a que la AFIP aún no ha publicado el nuevo piso para tributar impuestos internos. Y sumado a la complicada situación económica por la que atraviesa el país. Por esta razón, las concesionarias se han visto imposibilitadas de fijar precios para la venta de autos nuevos en las últimas tres semanas desde el inicio de 2024. La falta de este dato impositivo clave impide que las terminales facturen unidades a su red de distribución. Según fuentes oficiales, se espera que esta semana se defina cómo se aplicarán los impuestos internos a la facturación de autos.

A este escenario se suma que cuatro fabricantes de vehículos han pospuesto su regreso a la actividad debido a la escasez de dólares, situación que persiste desde hace 22 meses. Se anticipa una disminución en las ventas de vehículos, así como en la producción y exportación durante el año.

Dante Sica, titular de la consultora Abeceb y exministro de Producción del gobierno anterior, señala que la devaluación y la falta de crédito han dejado los salones de las concesionarias semivacíos. La Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) estima una caída del 30% en las ventas de autos 0km para este año. La situación de crisis afecta a las automotrices como General Motors, Volkswagen, Renault y Nissan. Los cuales actualmente no pueden reanudar la producción debido a la falta de piezas.

La escasez de divisas, que afecta al conjunto del aparato productivo, tiene un impacto especialmente pronunciado en el sector automotriz. Hasta el momento, solo Toyota Argentina ha utilizado el bono Bopreal para obtener crédito adicional de sus proveedores externos. Otras terminales podrían sumarse a la suscripción del bono a partir de febrero. En este contexto, General Motors ha postergado la vuelta de sus vacaciones, al igual que Volkswagen, Renault y Nissan. Todas alegan no contar con las piezas necesarias debido a la falta de habilitación de divisas por parte del Banco Central durante casi dos años. Las demás automotrices enfrentan dificultades con sus proveedores externos. Situación que se da tras acumular una deuda conjunta de aproximadamente U$S6.000 millones desde marzo de 2022, cuando el Banco Central endureció el cepo.