Un exjuez y 18 agentes del Servicio Penitenciario de Tucumán, están sospechados de haber operado una red de tráfico de drogas en el penal de Villa Urquiza. La causa se encuentra el fuero federal de la provincia, investigada por el fiscal Pablo Camuña. El letrado pidió hace casi dos años que sean indagados y detenidos, pero el requerimiento que nunca recibió respuesta.

La megacausa indaga en lo sucedido entre los muros del penal entre 2015 y 2019. Incluye en sus expedientes, a varios agentes del servicio de custodia carcelaria que aún están en servicio efectivo. Con todo lo que eso implica en términos de una posible obstrucción al proceso de esclarecimiento de los sucesos.

La primera linea de investigación se abrió hace más de siete años, pero luego comenzaron otras cinco del mismo tenor, lo que llevó a que sean unificadas. La teoría de Camuña, basada en los testimonios recopilados en todos los expedientes, apunta a la existencia de una actividad ilícita de venta de drogas.

Agustín Chit, que reemplazó a Camuña en la fiscalía federal 2, decidió apelar la resolución. En abril pasado, el fiscal general Gustavo Gómez realizó, ante la Cámara Federal de Apelaciones un duro planteo sobre el fallo del magistrado al considerar que de manera injustificada se estaba negando a realizar una medida (la declaración indagatoria de los sospechosos) clave para avanzar con la causa. 

Si bien es cierto que no solicitó la detención de los acusados, insistió en su citación. También pidió que el crimen del interno Medina, pase a la órbita de la justicia federal. Su postura fue ratificada en una audiencia realizada en mayo, pero hasta el momento no falló sobre la cuestión.

Demoras en la investigación

La instrucción de las causas se demoró tres años por una sola razón: la investigación en un penal es diferente a una que se hace por drogas, porque no se pueden utilizar los mecanismos tradicionales (seguimientos y filmaciones, por ejemplo). La reticencia de los internos de contar lo que realmente sucede por temor a sufrir y represalias y los principales sospechados eran, justamente, las autoridades del lugar donde se desarrollaba la actividad ilícita. En noviembre de 2020 solicitó que se cite a los 19 imputados a prestar declaración indagatoria y que se los detenga.

Su planteo tuvo inesperados contratiempos. Primero se extravió un expediente clave que generó el inicio de una investigación administrativa cuyo derrotero no se informó. Después hubo planteos de competencias entre los jueces federales Daniel Bejas y Fernando Poviña. Fue el último que rechazó en noviembre de 2021 el pedido al considerar que no había pruebas suficientes para procesarlos.