La senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cerró el Seminario Propymes del Grupo Techint con un mensaje dirigido de forma directa al sindicalismo. Frente a una sala colmada de industriales y ejecutivos, defendió el proyecto de reforma laboral que el Gobierno envió al Congreso y cuestionó los privilegios que —según sostuvo— sostienen ciertos sectores gremiales en las empresas.

En ese contexto, Bullrich lanzó uno de los planteos centrales del encuentro: «Los delegados van a tener un límite de diez horas mensuales pagas; el resto, a laburar». La frase apuntó a los bloqueos registrados en algunos establecimientos fabriles durante el año, episodios que —remarcó— no siempre lograron trascender en la prensa.

Delegados con menos horas sindicales y conexión con la productividad

Bullrich explicó que el proyecto busca ordenar el tiempo de actividad gremial dentro de las compañías. Según detalló, la reforma pretende reconectar la representación sindical con las tareas productivas, evitando que los delegados queden abocados exclusivamente a funciones gremiales desligadas del funcionamiento interno.

La senadora sostuvo que la idea es «equilibrar derechos y obligaciones» y garantizar que quienes ejercen representación sindical mantengan responsabilidades concretas en la organización diaria de cada empresa. El mensaje obtuvo un fuerte respaldo de parte del auditorio, entre aplausos y asentimientos, incluidos los del CEO de Techint, Paolo Rocca.

Bloqueos, sanciones y la política de orden

Otro eje central de su presentación fue la política frente a tomas, bloqueos y cortes. Bullrich señaló que la reforma incorpora sanciones más estrictas y tipifica estas acciones como infracciones graves en el Código Penal. Recordó que durante su gestión en Seguridad aplicó el protocolo antibloqueos en 164 oportunidades, cifra que utilizó para argumentar la necesidad de sostener una línea dura frente a las maniobras que paralizan plantas y afectan la producción.

Tras el discurso de Rocca, quien expresó su preocupación por la competencia china y respaldó la agenda económica del Gobierno, Bullrich retomó la palabra para desglosar los puntos centrales del proyecto legislativo.

Indemnizaciones, previsibilidad y actualización de litigios

La senadora enfatizó que la estructura actual del sistema laboral requiere modernización. Explicó que el nuevo esquema de indemnizaciones se basará exclusivamente en «un mes por año trabajado» calculado sobre el salario básico, sin adicionales. Además, señaló que para los litigios se fijará una actualización automática equivalente al IPC más un 3% anual, lo que —sostuvo— brindará previsibilidad tanto a empresas como a trabajadores.

Bullrich argumentó que este mecanismo permitirá determinar anticipadamente los montos a abonar y evitará distorsiones prolongadas en los tiempos judiciales. El planteo se enmarca en la búsqueda del Gobierno de reducir la incertidumbre y los costos asociados a los juicios laborales.

Cambios en convenios, vacaciones y movilidad laboral

En materia de organización interna, la legisladora adelantó modificaciones en la movilidad, la distribución de vacaciones y el diseño de contratos más adaptados a los ciclos reales de producción. También destacó que la reforma eliminará la ultraactividad de los convenios de 1975, abriendo espacio a acuerdos por empresa o establecimiento, un reclamo histórico del sector industrial.

La posibilidad de actualizar convenios rígidos, afirmó, permitirá dinamizar las relaciones laborales y acompañar las exigencias productivas de cada sector.

“Queremos jueces laborales de la ley”

Bullrich también abordó el costado judicial de la reforma. Explicó que el proyecto prevé la transferencia de la Justicia Nacional laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, proceso ya avalado por la Corte Suprema. El objetivo —dijo— es contar con jueces «que se rijan por la ley, no a favor de empresa o sindicato».

A partir de preguntas del público, relató experiencias propias en el Ministerio de Trabajo y afirmó que durante años se registraron decisiones judiciales inclinadas hacia una sola parte. Aseguró que el nuevo esquema de selección buscará magistrados con criterios objetivos y probos para resolver litigios.

Incentivos fiscales, fondo laboral y alivio tributario

El encuentro incluyó un apartado dedicado a los incentivos fiscales de la reforma. Bullrich anunció la creación del Fondo de Asistencia Laboral Nacional (FALN). Y que implicará que las empresas aporten el 3% de sus contribuciones patronales para afrontar despidos, jubilaciones y pasivos laborales. El fondo quedará en la empresa en caso de ventas o sucesiones, lo que —según explicó— reducirá riesgos y facilitará la continuidad operativa.

También detalló un paquete de alivio impositivo: eliminación de tributos internos a seguros, telefonía, automóviles, embarcaciones y aeronaves. Incentivos a la inversión entre USD 150.000 y USD 30 millones; devolución acelerada del IVA en tres meses. Y amortización acelerada de Ganancias y cargas patronales reducidas para nuevas incorporaciones.

Bullrich destacó que la meta del Gobierno es que «cada empresa tenga siete sucursales en diez años», un objetivo ambicioso que apunta al crecimiento sostenido de pymes y comercios en todo el país.

Regularización laboral y economía colaborativa

En relación con el empleo no registrado, la propuesta incluye una condonación de deudas y un reconocimiento previsional de hasta 60 meses para trabajadores que se incorporen a la formalidad bajo nuevos contratos. Para el sector de plataformas digitales, donde cerca de 500.000 personas se desempeñan como monotributistas. La reforma prevé la incorporación obligatoria a seguros de riesgo laboral.

Bullrich afirmó que el objetivo es otorgar protección mínima a quienes hoy trabajan sin cobertura, sin alterar el esquema operativo de las aplicaciones.

Un nuevo pacto fiscal con provincias e intendentes

Hacia el final del encuentro, Bullrich describió la intención del Gobierno de avanzar hacia una reforma tributaria integral. Propuso eliminar tasas municipales y provinciales sin contraprestación concreta, como ingresos brutos en algunos distritos, por considerar que desalientan la inversión y el empleo formal.

En respuesta a consultas del público, aseguró que el Ejecutivo impulsará un pacto fiscal para comprometer a gobernadores e intendentes a no crear nuevos tributos que afecten la actividad privada.