La tensión alrededor de las Islas Malvinas sumó una nueva declaración desde Washington. Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, fue consultado sobre qué posición tomaría su país frente a un eventual conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido y evitó anticipar una decisión del presidente Donald Trump.

Durante una entrevista con GB News, Waltz fue preguntado específicamente por un hipotético enfrentamiento en el Atlántico Sur y por la posibilidad de que Estados Unidos brindara respaldo militar al gobierno británico. El funcionario respondió que una determinación de ese tipo quedaría en manos del mandatario estadounidense.

“Es una decisión del comandante en jefe”, afirmó Waltz. Luego, ante la posibilidad de una escalada, agregó: “Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos”.

El diplomático también destacó los vínculos que Washington mantiene con ambos países. “Argentina es una gran amiga de Estados Unidos”, sostuvo, mientras remarcó la histórica “relación especial” entre Estados Unidos y el Reino Unido.

Waltz tampoco confirmó si habría asistencia militar en caso de un enfrentamiento. “En términos de cualquier clase de apoyo más allá de eso, se lo dejaré a la Casa Blanca y al Presidente”, señaló.

Las declaraciones se conocen en un momento de renovada tensión diplomática por la cuestión Malvinas. En agosto, Trump había dicho que estaba revisando distintas posiciones de Estados Unidos sobre las islas, aunque no anunció un cambio formal de la política de Washington.

La cuestión también fue planteada directamente por el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, durante su encuentro con Trump en Nueva York, el 22 de septiembre. Tras esa reunión, Burnham afirmó que había transmitido la posición de su gobierno y que el Reino Unido mantendría su postura sobre las islas.

En paralelo, el Gobierno argentino profundizó su estrategia diplomática y judicial contra el proyecto petrolero Sea Lion. El 28 de septiembre, Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos argentinos para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El proyecto es desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. La Argentina busca impedir la explotación de hidrocarburos en esa zona y sostiene que se trata de recursos ubicados en espacios sobre los que reclama soberanía.

La disputa también llegó a la Justicia argentina. A mediados de septiembre, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto Sea Lion hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental.

Del lado de las empresas, Rockhopper sostuvo recientemente que las sanciones aplicadas por la Argentina son “ilegítimas” y afirmó que continuará avanzando con el desarrollo del proyecto junto con Navitas.

Así, mientras la Argentina impulsa acciones legales y diplomáticas para frenar la explotación petrolera, el gobierno británico mantiene su posición sobre la administración de las islas. En ese escenario, Washington evitó comprometer públicamente una respuesta militar y, a través de Waltz, puso el foco inicial en una eventual desescalada.