La carga tributaria que enfrentan las empresas formales puede consumir buena parte de su rentabilidad antes de que comiencen a generar ganancias para sus propietarios. Así lo planteó Guillermo Pérez, contador y especialista en estrategia fiscal, quien estimó que una compañía podría destinar el equivalente a sus resultados acumulados entre enero y mediados de agosto al pago de impuestos y contribuciones. Su cálculo busca reflejar el peso que tienen los tributos sobre quienes operan completamente dentro de la economía registrada.

Según Pérez, la presión tributaria general supera el 30% del PBI, pero esa medición incluye también la actividad informal. Al considerar únicamente la parte formal de la economía, sostiene que la carga efectiva soportada por quienes efectivamente tributan podría superar el 50%. El especialista atribuye esa diferencia a una estructura en la que una cantidad relativamente reducida de trabajadores y empresas registradas sostiene buena parte de la recaudación.

Por qué bajar impuestos no sería inmediato

Pese a cuestionar el nivel de la carga fiscal, Pérez considera difícil reducirla rápidamente. Señaló que unos 12 millones de trabajadores formales conviven con una población cercana a los 47 millones y con varios millones de personas ocupadas en la informalidad. A eso se suma una economía que prácticamente no creció durante largos períodos, mientras aumentaron las necesidades de financiamiento del Estado.

Para el tributarista, una reducción sostenible necesitaría combinar crecimiento económico, control del gasto y una ampliación de la base de contribuyentes. Si la economía genera más actividad y aparecen nuevos aportantes, el Estado podría recaudar una cantidad similar aplicando menores alícuotas. En cambio, reducir impuestos sin esas condiciones podría volver a presionar sobre las cuentas públicas.

El impacto empresarial también depende del sector. Pérez sostuvo que agro, energía, petróleo y minería muestran una expansión mayor que industria y comercio minorista, actividades que concentran una porción importante del empleo. Esa diferencia genera reclamos de empresas industriales que deben competir mientras soportan costos laborales, tributarios y de producción elevados.

Industria, apertura y competencia externa

El especialista consideró que la apertura comercial puede formar parte de una estrategia de crecimiento, aunque advirtió sobre la velocidad con la que se aplica. Una industria que enfrenta de manera abrupta la competencia internacional puede no disponer del tiempo necesario para invertir y modernizar sus procesos. Por ese motivo, mencionó como alternativas posibles reducciones tributarias o protecciones transitorias durante los períodos de reconversión.

También defendió la planificación fiscal dentro de la legislación vigente. Entre las herramientas mencionó elegir adecuadamente el cierre de los ejercicios, organizar deducciones y estructurar operaciones empresariales de manera que aprovechen los tratamientos impositivos disponibles. Para Pérez, esa planificación no implica evitar impuestos, sino anticipar decisiones para disminuir costos fiscales dentro de las reglas existentes.

El problema pendiente de la coparticipación

Una reforma más profunda debería incluir además el régimen de coparticipación federal, según el especialista. El sistema vigente tiene su origen en 1988 y continúa pendiente el nuevo esquema previsto por la reforma constitucional de 1994. Cualquier modificación requiere acuerdos entre la Nación y las provincias, lo que vuelve especialmente compleja una transformación integral.

Pérez sostiene que el desafío no pasa únicamente por reducir alícuotas, sino por ampliar la economía formal y lograr que una mayor cantidad de personas y empresas contribuya al sistema. Bajo esa lógica, el alivio tributario dependería primero de recuperar crecimiento y sostener el equilibrio de las cuentas públicas. Hasta entonces, considera que la presión seguirá concentrándose sobre quienes ya se encuentran dentro del circuito formal.