Una investigación judicial avanza sobre una presunta red de explotación sexual que habría operado en Pinamar y La Plata, luego de que dos jóvenes declararan que eran retenidas, amenazadas y obligadas a entregar el dinero obtenido de los encuentros con clientes. La causa está a cargo del fiscal Walter Mercuri, de la UFI N° 8 de General Madariaga, con intervención de la SubDDI Villa Gesell, la DDI Dolores y la DDI La Plata. Por el caso fueron detenidas cuatro personas y la investigación será remitida a la Justicia Federal ante la posible existencia del delito de trata de personas.

Entre las acusadas se encuentran Luana Meza Romero, de 40 años, y su hija Julieta Santillán, de 21, señaladas por los investigadores como responsables de una organización denominada «La Agencia». También quedaron detenidos Camila Azul Muñoz y Thomas Isaías Romero, ambos de 25 años. La responsabilidad penal de cada uno deberá determinarse durante el avance del expediente.

Según los testimonios incorporados a la causa y citados por Infobae, Santillán habría captado a mujeres que ejercían la prostitución y posteriormente les proponía trabajar dentro de la organización. Meza Romero, en tanto, habría administrado perfiles utilizados para contactar clientes a través de un sitio para adultos. Las declaraciones de dos jóvenes que consiguieron apartarse del grupo resultaron centrales para reconstruir cómo funcionaba presuntamente la estructura.

Retención de documentos, deudas y amenazas

Las denunciantes afirmaron que durante una primera etapa recibían el dinero correspondiente a los servicios realizados. Con el tiempo, según sus relatos, las acusadas comenzaron a exigirles pagos por alojamiento, mantenimiento de la organización y publicación de los perfiles. Una de las jóvenes declaró que le reclamaban $1,5 millones, mientras que otra indicó que debía abonar una cuota de $60.000 por el lugar en el que permanecía.

Las víctimas también denunciaron la retención de sus documentos de identidad y teléfonos celulares. De acuerdo con sus declaraciones, recibían amenazas cuando manifestaban su intención de abandonar el lugar o regresar con sus familias. «Si yo decía algo, la iban a pagar mis papás», relató una de ellas ante el fiscal al explicar por qué temía abandonar la organización.

La investigación también incorporó denuncias sobre agresiones físicas y amenazas realizadas tanto por las principales acusadas como por otras personas vinculadas con el grupo. Una de las jóvenes aseguró que había conseguido escapar previamente y denunciar lo ocurrido, aunque posteriormente volvió después de recibir una propuesta para trabajar bajo condiciones diferentes. Según declaró, tras regresar volvió a quedar sometida al mismo esquema.

Cuando alguna intentaba abandonar Pinamar, según los testimonios, era trasladada a departamentos de La Plata con la promesa de obtener mayores ingresos. Allí habrían permanecido encerradas y obligadas a continuar trabajando para cancelar las deudas que la organización les atribuía. Las dos denunciantes señalaron además que tenían conocimiento de la existencia de otras posibles víctimas.

Una denuncia por averiguación de paradero permitió avanzar en la causa

Uno de los episodios que impulsó la investigación ocurrió el 5 de agosto, cuando una joven de 20 años llegó a la DDI La Plata acompañada por Santillán. Su familia había denunciado previamente que desconocía su paradero y ambas se presentaron para intentar dejar sin efecto esa búsqueda. Un policía advirtió que la joven podía encontrarse bajo presión y decidió entrevistarla por separado.

Mercuri tomó posteriormente su declaración de manera virtual. Durante esa conversación, la joven sostuvo que se encontraba retenida bajo amenazas y que era obligada a trabajar para la organización. A partir de esa declaración, el fiscal ordenó la detención de Santillán, que permanecía en la dependencia policial.

Más tarde, otra joven llegó al lugar para consultar qué había ocurrido. Según la investigación, habría sido enviada por Meza Romero para obtener información sobre Santillán. Durante la entrevista con los agentes, manifestó que ella también permanecía vinculada a la organización contra su voluntad y expresó temor de regresar con las acusadas.

Los testimonios permitieron solicitar dos allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores. Uno de los procedimientos se realizó en un inmueble de avenida Libertador, en Pinamar, y el otro en una propiedad de La Plata. Allí fueron detenidos Meza Romero, Muñoz y Romero.

Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares, documentación, prendas, preservativos, $3.397.500 en efectivo y USD 1.100, entre otros elementos considerados de interés para la causa. También fue resguardada una niña de nueve años, hija de una de las personas detenidas. Y por lo que intervino el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos.

La investigación continuará en la Justicia Federal

Fuentes judiciales indicaron que el expediente será remitido al fuero federal ante la posibilidad de que los hechos investigados encuadren en el delito de trata de personas. Esa calificación deberá ser evaluada por las autoridades competentes a partir de los testimonios, la documentación secuestrada y el resto de las pruebas incorporadas.

Los investigadores trabajan además para determinar si existen otros integrantes de la organización y localizar a posibles víctimas que todavía no hayan declarado. La causa continúa en etapa de investigación y las acusaciones formuladas hasta el momento deberán ser corroboradas judicialmente.