El Senado aprobó este viernes por la madrugada el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. El texto obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra, luego de una extensa sesión en la que el oficialismo debió retirar dos de los capítulos más cuestionados para garantizar el respaldo de sus aliados.

Con la media sanción obtenida en la Cámara Alta, el proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá volver a negociar para intentar convertirlo en ley.

La aprobación fue posible después de que La Libertad Avanza aceptara eliminar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales y otro vinculado a la Ley de Manejo del Fuego, dos puntos que habían generado rechazo entre gobernadores, legisladores de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales.

La decisión permitió sostener el apoyo de los bloques dialoguistas y destrabar una votación que, hasta pocas horas antes de la sesión, aparecía comprometida.

Cómo fue la votación

El proyecto recibió el respaldo de los senadores de La Libertad Avanza, gran parte del PRO, un sector importante de la UCR y representantes de distintos bloques provinciales, alcanzando los 37 votos afirmativos necesarios para obtener la media sanción.

En tanto, 33 senadores votaron en contra, principalmente integrantes de Unión por la Patria y otros espacios provinciales. No hubo abstenciones y los únicos ausentes fueron Flavio Fama y Anabel Fernández Sagasti.

La frase que tensó la negociación

Aunque el acuerdo parecía encaminado, durante el debate surgió un nuevo foco de conflicto. El senador libertario Joaquín Benegas Lynch cuestionó a quienes no acompañaban la reforma sobre tierras rurales y sostuvo que «la ignorancia de los tibios del medio nos lleva a no votar el capítulo tres».

La expresión fue interpretada como una crítica hacia los bloques aliados, que ya habían manifestado reparos sobre esa parte del proyecto. El malestar terminó consolidando el rechazo al capítulo referido a la Ley de Manejo del Fuego, que finalmente también fue retirado por el oficialismo.

Qué cambios propone la iniciativa

Más allá de las modificaciones eliminadas, el proyecto introduce reformas en distintos aspectos vinculados a la propiedad privada.

Uno de los principales cambios alcanza a la Ley de Expropiaciones, estableciendo criterios más estrictos para declarar la utilidad pública y nuevas pautas para calcular las indemnizaciones, incorporando expresamente el reconocimiento del lucro cesante.

La iniciativa también modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para agilizar los procesos de desalojo, que pasarán a tramitarse mediante juicios sumarísimos con plazos más breves.

Además, reforma el régimen de regularización dominial conocido como Ley Pierri, reemplazando el plazo fijo vigente por un requisito móvil que exige acreditar una posesión pública, pacífica y continua durante los diez años previos a solicitar la regularización.

Por último, el proyecto incorpora cambios en el sistema de Registros de la Propiedad Inmueble, habilitando expresamente la presentación de documentación digital con firma electrónica, una modalidad que ya funciona en algunas jurisdicciones y que ahora quedaría contemplada dentro del régimen nacional.