La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la suspensión del juicio a prueba concedida a Myriam Costilla, presidenta de la empresa Kank y Costilla S.A., quien estaba procesada en un tramo de la causa Vialidad. La empresaria había sido enviada a juicio como presunta partícipe necesaria de una defraudación contra el Estado mediante obras viales adjudicadas en Santa Cruz. La decisión le permitirá evitar el debate oral siempre que cumpla durante dos años las condiciones impuestas por la Justicia.

La resolución fue adoptada por mayoría por la Sala IV, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El magistrado Gustavo Hornos se pronunció en disidencia y sostuvo que Costilla debía afrontar el juicio debido a la gravedad institucional de los hechos investigados. El expediente integra otra etapa del caso en el que fueron condenados a seis años de prisión Cristina Kirchner y Lázaro Báez, entre otros acusados, por administración fraudulenta.

Las condiciones que deberá cumplir Costilla

La probation fue otorgada por un plazo de dos años y obliga a la empresaria a fijar residencia y realizar cuatro horas semanales de tareas comunitarias. Las actividades deberán cumplirse en el hogar de ancianos «Pablo VI», ubicado en Comodoro Rivadavia, cerca de su domicilio. Costilla también ofreció una suma de dinero como reparación del daño, uno de los elementos considerados por el tribunal.

El Tribunal Oral Federal 2 había rechazado inicialmente el pedido, pero revisó su decisión luego de una intervención anterior de Casación y terminó concediendo el beneficio. La Fiscalía apeló para que la acusada fuera sometida a juicio, aunque ese recurso fue declarado inadmisible. La Unidad de Información Financiera, constituida como querellante, también se había opuesto por considerar que la maniobra investigada estaba vinculada con hechos de corrupción pública.

La mayoría de Casación entendió que la eventual pena podría ser de ejecución condicional y tuvo en cuenta que Costilla no registra antecedentes penales. Hornos, en cambio, afirmó que el caso debía debatirse públicamente porque la acusación describe un esquema defraudatorio ejecutado desde niveles relevantes del Estado nacional. Su postura quedó en minoría y la suspensión del proceso continuó vigente.

La acusación por las obras viales

Según la acusación fiscal, Costilla habría intervenido entre enero de 2007 y agosto de 2013 en la continuidad de una estructura destinada a retirar fondos públicos mediante contratos de obra vial. Los investigadores sostienen que Kank y Costilla S.A., posteriormente adquirida por el grupo Báez, participó en licitaciones con irregularidades, incumplió plazos y recibió anticipos financieros sin reunir los requisitos legales. También se le atribuye haber cobrado certificados correspondientes a trabajos que no habrían sido ejecutados.

La suspensión del juicio a prueba, contemplada en el artículo 76 del Código Penal. Y permite interrumpir el proceso antes del debate oral cuando se cumplen determinadas condiciones. El beneficio puede aplicarse a delitos con penas de hasta tres años o cuando una eventual condena podría quedar en suspenso. Si Costilla cumple las reglas fijadas durante el período establecido, la acción penal podrá extinguirse.