El Gobierno introdujo cambios en la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y amplió la base salarial utilizada para calcular las cuotas solidarias y otros aportes establecidos en los convenios colectivos. La medida fue dispuesta mediante el decreto 612/2026, firmado por el presidente Javier Milei y los ministros Diego Santilli y Sandra Pettovello. La modificación respondió a reclamos de la Confederación General del Trabajo, que advertía una reducción en los recursos destinados al financiamiento sindical.

La ley había fijado un límite del 2% de las remuneraciones para las contribuciones y los aportes acordados en negociaciones colectivas. Sin embargo, el decreto reglamentario 407 estableció que ese porcentaje debía calcularse únicamente sobre el salario básico convencional, una interpretación más restrictiva que la contemplada durante el tratamiento de la reforma. Dirigentes gremiales sostuvieron que esa fórmula reducía considerablemente los montos percibidos por las organizaciones.

Qué conceptos se incorporaron al cálculo

El decreto 612 dispuso que la base deberá incluir, además del salario básico, las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual que tengan origen convencional. De esta manera, el porcentaje podrá aplicarse sobre una remuneración más amplia que la prevista en la reglamentación anterior. La norma excluye expresamente premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, aguinaldo, plus vacacional y sumas no remunerativas.

También quedarán afuera los conceptos que no sean percibidos de manera normal, habitual y mensual por el trabajador. El texto aclara que la exclusión se aplicará sin importar la denominación, el origen o la naturaleza jurídica de cada pago. Con esta precisión, el Ejecutivo buscó delimitar qué componentes salariales integrarán el cálculo de las cuotas y evitar interpretaciones diferentes entre empresas y sindicatos.

La modificación fue resultado de conversaciones reservadas entre sectores de la CGT y funcionarios del Gobierno. De acuerdo con la información difundida, participaron de las tratativas el asesor presidencial Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo «Lule» Menem y Diego Santilli. Los representantes sindicales reclamaban una resolución que corrigiera la referencia exclusiva al salario básico, aunque finalmente el cambio fue realizado mediante un nuevo decreto.

Los aportes patronales que quedaron fuera del límite

La norma también excluyó del tope del 2% a los aportes y contribuciones realizados por los empleadores para fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales. Estos recursos deberán administrarse y documentarse de forma separada del resto de los fondos sindicales. La decisión permite que determinados pagos patronales pactados en los convenios colectivos conserven sus montos aun cuando superen el límite general.

Uno de los casos mencionados es el de la obra social de Camioneros, que atraviesa dificultades financieras y recibe una contribución empresarial establecida por convenio. Según la información sectorial, ese aporte asciende a $25.000 por trabajador y genera ingresos mensuales cercanos a los $5.000 millones. Con la nueva reglamentación, este tipo de contribuciones destinadas a prestaciones sociales no será computado dentro del porcentaje máximo.

La negociación entre el Gobierno y la central obrera

La CGT interpretó la decisión como una rectificación de la reglamentación impulsada anteriormente y como una señal de apertura al diálogo por parte del Ejecutivo. En el sindicalismo atribuyeron la fórmula original al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien sostuvo posiciones críticas respecto de las cuotas solidarias. Esa lectura corresponde a los dirigentes gremiales y no fue incorporada como fundamento oficial del decreto.

Durante el tratamiento de la reforma laboral, la central obrera había logrado mantener las cuotas solidarias y la obligación de que las empresas actúen como agentes de retención de los aportes. Gerardo Martínez, dirigente de la UOCRA, sostuvo que la eliminación de ese mecanismo habría afectado de manera directa la estructura de financiamiento de los sindicatos. La ley conservó esos ingresos, aunque estableció el límite del 2% para los trabajadores y del 0,5% para determinados aportes dirigidos a organizaciones empresariales.

El cambio reglamentario se produjo mientras la central obrera mantenía cuestionamientos a otros aspectos de la política laboral y previsional del Gobierno. Pese a esas diferencias, las conversaciones permitieron alcanzar un acuerdo parcial sobre la base de cálculo y las contribuciones patronales. La medida preserva una parte relevante de los recursos sindicales sin eliminar los topes incorporados por la Ley de Modernización Laboral.