La investigación por el crimen de Ian Cabrera, el alumno de 13 años asesinado dentro de la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, empezó a mostrar una trama previa mucho más compleja que la de un estallido repentino. A cinco días del ataque, los fiscales sostuvieron que el adolescente de 15 años que abrió fuego había planificado lo que iba a hacer y que esa preparación estuvo cruzada por contactos e intercambios en redes sociales.

La definición apareció este viernes durante la audiencia en la que Gino C. fue señalado como autor del homicidio. Sin embargo, por su edad, la Justicia no pudo avanzar con un proceso penal ordinario y resolvió su sobreseimiento, al tiempo que dispuso una serie de medidas reservadas para seguir de cerca su situación.

Una preparación previa y el foco puesto en los chats

Para los investigadores, el ataque no fue un impulso aislado. El fiscal Luis Schiappa Pietra sostuvo que hubo una planificación previa y remarcó que esa organización estuvo atravesada por vínculos construidos en redes sociales, un punto que hoy concentra buena parte de la pesquisa.

Según explicaron, ya existe información considerada contundente sobre las comunicaciones previas al hecho. El problema, advirtieron, es que esos intercambios se habrían producido en espacios cerrados y con mecanismos de ocultamiento de identidad. Lo que vuelve mucho más difícil reconstruir quiénes participaron de esas conversaciones. Y si hubo otras personas que alimentaron o acompañaron ese recorrido.

Imputado, pero sin proceso penal por la edad

El adolescente fue señalado formalmente como autor del homicidio de Ian, pero la audiencia terminó con una decisión condicionada por el régimen legal vigente. Aunque el Congreso ya sancionó una norma que baja la edad de punibilidad a los 14 años, esa reforma todavía no fue implementada. Por lo que sigue rigiendo el esquema anterior, que permite sostener acusaciones penales recién desde los 16.

Por eso, la Justicia avanzó con la atribución del hecho, pero debió cerrar la vía penal en sentido estricto. En paralelo, el juez José Alberto Boaglio ordenó una serie de medidas que fueron definidas como confidenciales y que apuntan a hacer un seguimiento específico del menor.

La audiencia y el malestar de los fiscales

La audiencia se realizó con el joven tirador conectado por Zoom desde la ciudad de Santa Fe, acompañado por sus defensores Mariana Oroño y Federico Kiener. Esa modalidad fue cuestionada por los fiscales Carlos Vottero y Schiappa Pietra, que habían pedido su presencia física en la sala.

Vottero lamentó especialmente esa decisión y sostuvo que no es igual escuchar a las partes a través de una pantalla que hacerlo cara a cara dentro de una audiencia. En su planteo, remarcó que en un proceso con menores no se busca solo aplicar una respuesta judicial. Y también abrir una instancia de reflexión, responsabilización y toma de conciencia sobre lo ocurrido.

El crimen que conmocionó a San Cristóbal

El ataque ocurrió el 30 de marzo, cuando el adolescente entró armado a la escuela con una escopeta que, según se determinó, había robado un día antes a su abuelo. Dentro del establecimiento empezó a disparar y terminó matando a Ian Cabrera, de 13 años. En un episodio que sacudió por completo a la localidad santafesina.

Desde entonces, la investigación intenta reconstruir no solo cómo se ejecutó el hecho, sino también qué pasó antes. Con quién hablaba el agresor y hasta qué punto las redes sociales funcionaron como espacio de validación, estímulo o planificación. Esa línea aparece ahora como el eje más sensible del expediente.

Una causa que cambia de dimensión

Lo que al comienzo parecía un caso centrado únicamente en el ataque dentro del colegio empezó a desplazarse hacia otra dimensión. La Justicia ya no mira solo el momento de los disparos, sino también el entorno digital en el que se habría incubado la decisión de matar.

Con esa línea abierta, la pesquisa seguirá intentando rastrear mensajes, comunidades cerradas e identidades detrás de las cuentas que interactuaban con el adolescente. Mientras tanto, el expediente quedó atravesado por un límite legal evidente. La imposibilidad de juzgar penalmente al autor bajo la ley actual, aun cuando los fiscales sostienen que hubo una preparación consciente y previa del crimen.