El abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia ante la Justicia Federal para que se investigue una posible estructura extranjera de injerencia informativa en la Argentina, presuntamente vinculada con intereses del régimen ruso. La presentación plantea que podría haberse montado una red con financiamiento externo orientada a influir en la opinión pública y a intervenir sobre el debate político local.

El planteo fue enviado este viernes 3 de abril por correo electrónico ante la Justicia argentina y pide que se determine si los hechos encuadran en delitos previstos por la Ley de Inteligencia Nacional. Según la denuncia, no se trataría de una simple circulación de contenidos o de una maniobra comunicacional aislada, sino de un posible esquema organizado con recursos internacionales y capacidad para incidir en la conversación pública.

El punto de partida de la presentación

Uno de los elementos centrales que sostiene la denuncia es un comunicado reciente de la Secretaría de Inteligencia de Estado. De acuerdo con ese documento, ya se había informado a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización denominada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos, con financiamiento del exterior y conexiones en la Argentina.

Monastersky incorporó esa referencia para reforzar la gravedad institucional del caso. En su planteo sostiene que, a partir de esa documentación oficial, la cuestión deja de pertenecer únicamente al terreno periodístico y pasa a tener una verosimilitud institucional que exige una respuesta judicial inmediata.

Qué sospecha la denuncia

Según el escrito, la estructura denunciada habría producido cerca de 250 artículos periodísticos en territorio argentino con el objetivo de modelar el debate social. La presentación menciona la posibilidad de pagos a medios, editores y periodistas, y también advierte que parte de esas publicaciones podría haberse filtrado sin que las empresas periodísticas conocieran el origen real de los materiales.

A partir de esa hipótesis, el abogado reclama que se esclarezca si existieron pagos, contraprestaciones o cualquier otro mecanismo de financiamiento a quienes hayan intervenido en la difusión de esos contenidos. También pide que se identifique a intermediarios, beneficiarios y eventuales circuitos financieros utilizados para sostener la operación.

El impacto institucional que advierte el denunciante

La denuncia subraya que una maniobra de desinformación coordinada y financiada desde el exterior no puede ser leída como una discusión secundaria. Según plantea, una acción de este tipo podría afectar la formación de la voluntad del electorado, alterar la transparencia del debate público y dañar la integridad del sistema democrático, sobre todo en contextos electorales o de alta tensión política.

En ese marco, Monastersky remarca además que es necesario distinguir entre quienes pudieron haber sido engañados sobre la fuente de los contenidos y quienes, en cambio, habrían actuado con pleno conocimiento de la operatoria. Por eso pide que la investigación individualice responsabilidades y evite generalizaciones sobre periodistas o medios que pudieran haber quedado involucrados de manera involuntaria.

Las medidas que pidió a la Justicia

Entre las acciones solicitadas, la presentación propone un análisis técnico de los patrones de difusión digital a cargo de la DATIP. También pide que se requiera información a plataformas digitales y a organismos estatales. Y que se avance con medidas para reconstruir movimientos financieros que permitan seguir la ruta del dinero detrás de la presunta maniobra.

El abogado menciona incluso la posibilidad de activar mecanismos de cooperación internacional si la investigación lo requiere. A eso suma el pedido de intervención inmediata del Ministerio Público Fiscal para impulsar la pesquisa penal. Y determinar si la operatoria denunciada lesionó intereses estratégicos del país.

Un caso que busca salir del plano de la sospecha

La presentación judicial intenta que la posible existencia de una estructura de desinformación extranjera en la Argentina deje de ser solo una denuncia pública y pase a ser materia de investigación formal. El eje del planteo está puesto en determinar si hubo una organización con apoyo externo. Y dedicada a infiltrar contenidos en medios locales para condicionar la discusión pública.

Con ese objetivo, Monastersky reclama que la Justicia actúe sin demora y determine si detrás de estas maniobras existió una estructura operativa internacional con capacidad de influencia sobre el escenario político, mediático e institucional argentino.