Abogados piden al Congreso rechazar el DNU que modifica la Ley de Inteligencia
La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires) manifestó este miércoles su “preocupación” por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce cambios en la Ley de Inteligencia Nacional e instó al Congreso a rechazarlo por considerar que “viola la Constitución Nacional” y afecta derechos fundamentales.
La entidad advirtió que la norma amplía de manera significativa las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado sin el debido debate parlamentario, lo que, a su criterio, supone un retroceso institucional.
Cuestionamientos al DNU y al rol del Congreso
El presidente de la asociación, Juan Pablo Zanetta, sostuvo que el decreto realiza modificaciones estructurales al sistema de inteligencia “sin cumplir con el imprescindible debate parlamentario” y que, además, fortalece a los organismos de inteligencia “en detrimento de las libertades individuales de la ciudadanía”.
Desde la AABA señalaron que el análisis fue realizado por las comisiones internas de Derecho Constitucional y de Política Criminal y Seguridad, que evaluaron el alcance jurídico del DNU.
Advertencia sobre derechos y libertades
En un comunicado difundido por la entidad, se indicó que el DNU 941/2025 “excede el marco del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, lesiona derechos fundamentales y debilita las instituciones democráticas”.
Zanetta fue especialmente crítico respecto de las nuevas facultades que, según afirmó, habilitarían detenciones sin control judicial efectivo. «La posibilidad de detener personas sin el debido control judicial atenta contra las libertades públicas y corroe el Estado de Derecho», remarcó.
Riesgo institucional
Para la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, este tipo de atribuciones conferidas a organismos de inteligencia “son impropias de gobiernos liberales” y representan un riesgo para el sistema democrático. En ese marco, reclamaron que el Congreso asuma su rol constitucional y rechace el decreto para restablecer el equilibrio entre seguridad, legalidad y derechos individuales.