La disputa judicial por la expropiación de YPF volvió a escalar en los tribunales de Estados Unidos. El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo de primera instancia contra el Estado argentino, anticipó que solicitará a la jueza Loretta Preska que declare a la Argentina en desacato y aplique sanciones, al considerar que el país no cumplió con la entrega de información requerida en el juicio.

El planteo fue comunicado el 24 de diciembre y quedó reflejado en un informe de Latam Advisors, que detalló que los demandantes pidieron autorización para avanzar con un cronograma de presentaciones entre el 15 de enero y el 5 de marzo de 2026. Según ese esquema, una definición judicial no llegaría antes de fines de marzo.

El reclamo de Burford ante la jueza Preska

De acuerdo con el documento, Burford sostiene que la Argentina omitió entregar comunicaciones “off-channel” de funcionarios actuales y pasados, que resultarían clave para determinar si existió una relación de “alter ego” entre el Estado y la petrolera. La consultora explicó que el país se opuso al cronograma propuesto, al considerar que se intenta forzar una audiencia probatoria amplia y prematura.

Desde la defensa argentina argumentaron que los acreedores no precisaron el alcance del pedido ni los testigos involucrados, y que el reclamo busca dilatar el proceso con medidas de presión adicionales mientras sigue pendiente la apelación del fallo principal.

Qué sanciones podría pedir el fondo demandante

El abanico de sanciones posibles es amplio y todavía no está definido con precisión. Según explicó el analista Sebastián Maril, Burford podría solicitar restricciones de ingreso a Estados Unidos para funcionarios que se negaron a entregar información personal, aunque aclaró que no existe certeza sobre cuál será el pedido final.

La jueza Preska deberá evaluar no solo la pertinencia del desacato, sino también la proporcionalidad de eventuales sanciones, en un contexto en el que ya manifestó en reiteradas ocasiones su malestar por lo que considera maniobras dilatorias de la Argentina.

El trasfondo del juicio por YPF

La sentencia central dictada por Preska condenó al Estado argentino a pagar alrededor de USD 16.000 millones —más de USD 18.000 millones con intereses— por la forma en que se realizó la expropiación de YPF en 2012. Ese fallo fue apelado y tuvo audiencia en octubre, con una resolución prevista para 2026.

Sin embargo, bajo el sistema judicial estadounidense, las sentencias pueden ejecutarse mientras se tramita la apelación. Por ese motivo, Burford impulsa desde hace más de un año distintas acciones para intentar cobrar, entre ellas el pedido para quedarse con el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado.

Los mails y chats que están en discusión

Como parte de la estrategia para demostrar que el Gobierno y la empresa actuaron como una misma entidad, Burford solicitó correos electrónicos y mensajes privados de funcionarios de la actual gestión y de la administración anterior. Entre los nombres figuran el ministro de Economía, Luis Caputo, y el actual canciller Pablo Quirno, además de exfuncionarios de relevancia.

La Argentina respondió que no tiene “posesión, custodia ni control” sobre los dispositivos personales de sus funcionarios y que, además, la legislación local protege la inviolabilidad de esas comunicaciones. Aunque el Gobierno prometió colaborar, el fondo considera que la entrega fue incompleta.