En la mañana de hoy, el juez federal Sebastián Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, que en 72 horas, elabore un plan para distribuir cinco toneladas de alimentos almacenados en depósitos para ayuda social que no fueron repartidos. El magistrado exigió la «ejecución de modo inmediato». Además, dispuso un operativo en los depósitos para detallar todo lo almacenado.

Tras conocerse la resolución, el gobierno nacional aseguró que apelará la orden judicial. El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó: «Nosotros siempre fuimos respetuosos de la Justicia. Lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que están a nuestro alcance en cuestiones en las que no estamos de acuerdo, como bien es este caso«.

Adorni argumentó que la apelación se fundamenta en que la distribución de estos alimentos es una cuestión de política pública, no judicial. «Vamos a apelar la resolución porque esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública», subrayó. Para sostener esta posición, añadió: «Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock«.

El funcionario detalló que «de los 5 millones de kilos de alimentos, 3,1 millones corresponden a yerba mate que fue comprada por el gobierno anterior«. Además, enfatizó: «No hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. No hay un solo alimento que esté bajo nuestra custodia que esté en riesgo de vencerse». Para finalizar, indicó que los reclamos provienen de personas que han perdido privilegios: «A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios».