La disputa por el financiamiento de las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick ordenó al Gobierno nacional cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que dispone la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que podría imponer multas diarias si persiste el incumplimiento.

La resolución exige que el Poder Ejecutivo avance con el “cumplimiento total” de la cautelar, que se encuentra firme y contempla disposiciones de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Allí están incluidas medidas vinculadas con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes y con la actualización de las becas destinadas a estudiantes.

En su resolución, Cormick señaló: “En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes [multas] por cada día de demora”.

El reclamo también continúa en el terreno salarial. Las universidades nacionales y los gremios del sector sostienen que existe una pérdida del 31,2% en los haberes, mientras que en la última negociación paritaria el Gobierno ofreció una recomposición del 3%. Esa diferencia volvió a profundizar el conflicto y fue acompañada por nuevas medidas de fuerza.

En ese contexto, distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires comenzaron esta semana con paros escalonados. A estas protestas se sumará una nueva marcha federal universitaria prevista para el 15 de octubre, que tendrá como uno de sus principales puntos de concentración al Palacio de Tribunales.

La nueva intimación judicial se produce después de un largo proceso por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida cautelar dictada previamente por Cormick había recibido el aval de la Cámara de Apelaciones y quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara la última apelación del Gobierno, según los antecedentes publicados sobre la causa.

Ahora, el Ejecutivo tiene cinco días para avanzar con el cumplimiento ordenado por la Justicia. Si el plazo vence sin una ejecución considerada suficiente, el magistrado dejó expresamente abierta la posibilidad de aplicar astreintes por cada jornada de demora.