La investigación por pagos irregulares dentro de la Armada Argentina comenzó con una denuncia por alrededor de $1.000 millones, pero los sumarios internos detectaron movimientos que podrían elevar considerablemente esa cifra. Según documentación de la fuerza citada por Clarín, solo siete de los 23 beneficiarios identificados inicialmente habrían recibido unos $1.200 millones durante el período analizado. Las nuevas estimaciones sitúan el monto potencial por encima de los $2.000 millones, aunque la cifra todavía no está cerrada y deberá ser determinada por la investigación judicial.

El expediente penal quedó bajo intervención del fiscal Ramiro González y del juez federal Sebastián Ramos, mientras la Armada continúa con sus propios sumarios administrativos. Las maniobras investigadas abarcan transferencias a militares en actividad, personal retirado, personas dadas de baja y civiles que no integraban formalmente la fuerza. La pesquisa busca establecer cómo pudieron realizarse durante años pagos desvinculados de las liquidaciones salariales oficiales y qué controles internos fallaron.

Las transferencias que quedaron bajo investigación

Uno de los principales señalados es el capitán de navío Ariel Baltazar Atanasoff, quien estaba al frente del Departamento Revista, encargado de la liquidación de haberes. De acuerdo con los documentos internos citados por el medio, el oficial reconoció haber incorporado manualmente registros e incrementos en archivos bancarios por fuera de las liquidaciones regulares, y afirmó que buscaba brindar ayuda económica a determinados beneficiarios. También habría admitido transferencias hacia su esposa y otras personas ajenas a la Armada.

La esposa de Atanasoff, María del Carmen Prieto, figuraba inicialmente con más de $152 millones recibidos, pero una actualización de los registros elevaría esa cifra por encima de los $300 millones. Otros casos mencionados son los de Natalia Yahia, con alrededor de $161 millones, y Amalia Díaz, con unos $120 millones. La Justicia deberá determinar el origen de cada transferencia, quién las autorizó y si existieron responsabilidades adicionales.

Los sumarios también contienen declaraciones de oficiales que admitieron haber recibido sumas superiores a sus haberes habituales. Algunos sostuvieron que consideraron los depósitos un error bancario, mientras otros dijeron que esperaban instrucciones para devolverlos o que necesitaban afrontar deudas personales. Esas explicaciones forman parte de las actuaciones administrativas y todavía deberán ser contrastadas en la causa penal.

Suspensiones y más personas bajo sumario

El jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, ordenó llevar el caso a la Justicia y dispuso suspensiones dentro de la fuerza. Entre los separados del servicio figuran nueve capitanes de corbeta, un suboficial primero y un capitán de navío, mientras otras 18 personas permanecen sometidas a actuaciones internas. Atanasoff es el oficial de mayor rango alcanzado hasta el momento por esas medidas.

El Consejo Disciplinario deberá establecer si las conductas investigadas constituyen faltas gravísimas y qué sanciones administrativas corresponden. Paralelamente, la Justicia federal analizará si las maniobras configuran delitos y determinará las responsabilidades individuales. Parte de los beneficiarios no puede ser sometida al régimen disciplinario militar porque se trata de civiles, jubilados o personal que ya fue dado de baja.

La revisión interna tomó como punto de partida julio de 2022, aunque todavía no está establecido si el mecanismo pudo haber comenzado antes. A medida que se incorporan registros bancarios y nuevas transferencias, también aumenta la cantidad de personas bajo análisis. La investigación deberá precisar finalmente cuánto dinero público fue desviado. También durante cuánto tiempo funcionó el sistema y si hubo responsables por encima de quienes ejecutaban las liquidaciones.