Treinta inversores que denunciaron pérdidas por el colapso de $LIBRA avanzan en la preparación de una demanda civil por daños y perjuicios. La decisión se tomó después de completar la instancia obligatoria de mediación con representantes legales de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, sin alcanzar un acuerdo. En paralelo, esperan que la Cámara Federal porteña revise la resolución que los apartó del caso como querellantes de la causa penal.

Según reconstruyó La Nación, los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá iniciaron el trámite civil con una audiencia de mediación prejudicial. Los letrados representan a inversores de distintos países que afirman haber sufrido pérdidas millonarias tras el derrumbe del criptoactivo. Después de ese encuentro, optaron por concentrarse en el expediente penal para reunir pruebas que también pudieran respaldar un eventual reclamo indemnizatorio.

La estrategia se modificó cuando el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió apartar a los querellantes. El magistrado consideró que no habían acreditado de manera suficiente su condición de damnificados por el colapso de $LIBRA. Los inversores apelaron la decisión y cuestionaron que no se hubiera valorado la documentación incorporada al expediente.

La Cámara deberá resolver la apelación

La Sala I de la Cámara Federal porteña deberá definir si confirma o revoca la exclusión de los inversores. El tribunal está integrado por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. En caso de que la resolución sea confirmada, las partes todavía podrían recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Mientras esperan esa decisión, los abogados analizan quiénes podrían ser demandados en el fuero civil y qué alcance tendría el reclamo. La definición dependerá de la prueba reunida en la causa penal y de la estrategia que adopten tras conocerse la resolución de la Cámara. También anticiparon que podrían solicitar la recusación de Martínez de Giorgi.

La mediación se realizó mediante una videollamada coordinada por el abogado Pablo Ernesto Gamba. Participaron representantes de al menos 30 inversores y uno de los letrados de Novelli y Terrones Godoy. El exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales no estuvo presente y la audiencia concluyó sin acuerdo.

Durante el encuentro, uno de los abogados de los inversores planteó un reclamo total de US$35 millones, de acuerdo con testimonios citados por La Nación. La contraparte rechazó negociar y sostuvo que no existió una estafa, sino una decisión de mercado asumida por quienes compraron el activo. Entre los propios reclamantes surgieron distintas evaluaciones sobre el monto y la estrategia adoptada durante la mediación.

Los intentos de acuerdo previos

La audiencia fue uno de los intentos por alcanzar una salida extrajudicial desde el inicio del caso. De acuerdo con la reconstrucción del medio, existieron al menos otras tres gestiones promovidas por distintas partes. Ninguna logró avanzar hasta un entendimiento definitivo.

La defensa del empresario estadounidense Hayden Mark Davis exploró la posibilidad de depositar cerca de US$100 millones en una cuenta judicial como parte de una eventual reparación. La propuesta no prosperó por la falta de consenso y por las dificultades procesales que implicaba. Sus abogados sostienen que no existió fraude.

Otro canal involucró a representantes de inversores y a Santiago Viola, actual viceministro de Justicia. Personas cercanas al funcionario señalaron entonces que cualquier conversación debía partir de la desvinculación del presidente Javier Milei del caso. La existencia y el alcance de esas gestiones no fueron confirmados oficialmente.

El abogado Fernando Burlando también exploró una reparación integral para los inversores a cambio del cierre del frente penal sin condenas. Las conversaciones chocaron con la posición de la defensa de Davis y con la exigencia de excluir de responsabilidad penal a Javier Milei y a Karina Milei. No se alcanzó un acuerdo.

La causa continúa abierta en el fuero federal, mientras los inversores buscan recuperar su participación formal como querellantes. La vía civil avanzará en paralelo después de haberse completado la mediación obligatoria. Los posibles demandados y el monto final del reclamo todavía no fueron definidos.