El oficialismo no logró reunir los apoyos necesarios para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Senado resolvió postergar el debate hasta el próximo 6 de agosto. La decisión permitió ganar tiempo para continuar las negociaciones con los bloques dialoguistas, que plantearon diferencias sobre algunos puntos clave de la iniciativa.

La moción para pasar a un cuarto intermedio fue impulsada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y obtuvo 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención. De esta manera, el tratamiento del proyecto quedó suspendido hasta después del receso invernal.

El principal obstáculo apareció en el capítulo vinculado al régimen de tierras rurales. Varios bloques reclamaron modificaciones para preservar la participación de las provincias en el control de las operaciones de venta de tierras a extranjeros, una facultad que el Gobierno no está dispuesto a ceder.

Pese a las reuniones mantenidas durante la jornada entre representantes de La Libertad Avanza y legisladores de la oposición dialoguista, no hubo consenso suficiente para avanzar con un texto unificado. El oficialismo descartó volver a debatir la iniciativa en comisión y apostará a cerrar un acuerdo antes de la próxima sesión.

La Unión Cívica Radical encabezó los cuestionamientos sobre el régimen de tierras rurales. El bloque, liderado en el Senado por Eduardo Vischi, insistió en que los registros de esas operaciones permanezcan bajo la órbita provincial y defendió la vigencia de los límites a la extranjerización de tierras establecidos por la legislación actual.

A esa postura se sumaron otros espacios provinciales y legisladores que también impulsaron cambios. Entre quienes participaron de las negociaciones estuvieron Martín Goerling Lara (PRO), Beatriz Ávila (Independencia), Julieta Corroza (Neuquinidad), Mariana Juri (UCR) y la senadora salteña Flavia Royón.

«Es una ley que modifica muchas normas y hay que seguir dialogando», resumió Ávila al explicar los motivos de la postergación.

Por su parte, el bloque Convicción Federal presentó un dictamen de minoría con objeciones al régimen de desalojos previsto en el proyecto. Los senadores Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada sostuvieron que la iniciativa no diferencia adecuadamente los casos de usurpación de los conflictos derivados de contratos de alquiler y reclamaron mayores garantías para los inquilinos.

También expresaron su rechazo a flexibilizar la venta de tierras rurales a extranjeros y defendieron la necesidad de mantener los límites vigentes para proteger los recursos naturales estratégicos.

Desde Unión por la Patria también cuestionaron la iniciativa. La diputada Cecilia Moreau criticó el proyecto al considerar que favorece la venta de tierras a extranjeros y elimina herramientas de protección ambiental previstas en la Ley de Manejo del Fuego.

El proyecto impulsado por el Gobierno modifica la Ley de Tierras, incorpora el mecanismo de desalojos exprés, introduce cambios en el régimen de expropiaciones y deroga un artículo de la Ley de Manejo del Fuego que prohíbe durante 30 años cambiar el uso de superficies rurales incendiadas.

En relación con las tierras ubicadas en zonas de frontera, la última versión del dictamen establece que cualquier operación deberá contar con autorización tanto del Poder Ejecutivo Nacional como de la provincia correspondiente.

Si finalmente obtiene media sanción en el Senado cuando vuelva a tratarse el 6 de agosto, el proyecto deberá pasar a la Cámara de Diputados para completar su trámite legislativo.