El juicio oral por la causa Cuadernos de la Corrupción tuvo una nueva ronda de testimonios ante el Tribunal Oral Federal N° 7, con declaraciones centradas en dos ejes: los vuelos presidenciales hacia Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas y las fiscalizaciones realizadas sobre empresas investigadas por presuntos pagos de sobornos.

Uno de los testimonios más relevantes fue el de Pablo Greco, contador y funcionario de ARCA, ex AFIP, quien intervino en una fiscalización de oficio sobre Esuco, una de las compañías mencionadas en la causa. El testigo declaró que una unión transitoria de empresas vinculada a una obra licitada por AySA habría incurrido en una «maniobra para engañar al fisco mediante la simulación de una operación».

Según explicó, se presentó una factura respaldada por una transferencia bancaria, lo que en principio podía hacer presumir una operación real. Sin embargo, sostuvo que detrás de esa documentación no existía una contraprestación efectiva. «No existió ninguna contraprestación de servicios ni entrega de bienes», afirmó durante su declaración.

El testimonio sobre Esuco

Greco detalló que el caso estaba relacionado con un contrato de obra pública de 2014. Según su relato, la UTE debía emitir una factura por un anticipo financiero recibido de AySA, pero no habría declarado el débito fiscal correspondiente. El funcionario indicó que intervino como «juez administrativo» para evaluar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Durante su exposición, también respondió preguntas de la fiscal Fabiana León y de las defensas. El contador ratificó lo actuado en el sumario sobre Esuco y recordó que en 2018 el juez Claudio Bonadio pidió ampliaciones de información dentro de la investigación.

La audiencia también incluyó la declaración de Jorge Enrique Tesolin, exjefe de fiscalización de AFIP. El testigo se refirió a una revisión sobre las cuentas del empresario Raúl Vertúa, otro de los acusados en el expediente.

La contratación de Ricky Martin

Tesolin declaró que, durante esa revisión, se detectó que Vertúa había contratado a Ricky Martin para un show en Mar del Plata en 2015. Según el testigo, la presentación fue organizada para el lanzamiento de un emprendimiento inmobiliario en la Costa Atlántica.

El exfuncionario también señaló que esa contratación se produjo después de que el empresario cobrara 733 millones de pesos por la construcción del Gasoducto del Nordeste Argentino, una obra que, de acuerdo con su declaración, no llegó a concretarse. Además, hizo un repaso de extracciones en efectivo atribuidas al acusado.

El dato quedó incorporado dentro de una jornada en la que el tribunal continuó reconstruyendo movimientos patrimoniales, operaciones fiscales y posibles circuitos de fondos vinculados con empresas investigadas en la causa.

Los vuelos presidenciales a Santa Cruz

La primera declaración de la jornada estuvo a cargo de José Molina, militar retirado de la Fuerza Aérea, quien integró la flota presidencial entre 2010 y 2015. El testigo declaró por videoconferencia y volvió a referirse a los vuelos hacia Río Gallegos y El Calafate.

Molina sostuvo que en vuelos al exterior el equipaje era sometido a controles mediante un escáner móvil. Sin embargo, aclaró que no podía afirmar que ese procedimiento se realizara siempre en vuelos de cabotaje. «En los vuelos dentro del país que me tocó realizar, no recuerdo que siempre se controlara el equipaje de la tripulación», declaró.

También explicó que el equipaje presidencial era subido y bajado por el área de Ceremonial, mientras que los bolsos grandes iban en una bodega del avión y el equipaje de mano quedaba a bordo. Sobre las valijas de los pasajeros, dijo no tener conocimiento directo.

Una causa con Cristina Kirchner y exfuncionarios acusados

El juicio de Cuadernos comenzó en noviembre pasado y tiene como acusados a Cristina Kirchner, exfuncionarios y empresarios señalados por presuntamente integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos vinculados con la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Las últimas audiencias estuvieron orientadas a reconstruir si existían controles habituales sobre equipajes y bolsos trasladados en aeronaves oficiales, y si algunas valijas quedaban por fuera de los procedimientos ordinarios. También comenzaron a tomar mayor peso los testimonios de funcionarios fiscales sobre empresas investigadas.

El debate continuará con nuevas declaraciones testimoniales ante el TOF N° 7, que busca reconstruir la operatoria atribuida a exfuncionarios, empresarios y compañías involucradas en uno de los expedientes judiciales más extensos de los últimos años.