La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó revisar la condena a prisión perpetua contra Ema Hortensia Gómez, ex integrante de la Policía de Tucumán, por el crimen del juez de menores Héctor Agustín Aráoz. La mujer había sido condenada como partícipe del homicidio agravado del magistrado, ocurrido en 2004 en Yerba Buena. El máximo tribunal hizo lugar a una queja presentada por la defensa, dejó sin efecto la sentencia apelada y dispuso que la Justicia provincial realice una revisión integral del fallo.

La decisión fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los jueces consideraron que, para modificar la calificación legal del hecho de homicidio simple a homicidio agravado por ensañamiento, correspondía aplicar el criterio del fallo “Casal”. Bajo ese estándar, la sentencia debía atravesar un control amplio antes de quedar firme.

Un caso que pasó por varias instancias

Gómez había sido condenada en 2011 a 13 años de prisión como partícipe primaria de homicidio simple. Luego, la Corte Suprema de Tucumán modificó la calificación legal y consideró que correspondía analizar el caso como homicidio calificado por ensañamiento. A partir de esa revisión, en 2015 la Justicia provincial le impuso la pena de prisión perpetua.

La defensa apeló esa resolución y el expediente llegó finalmente a la Corte nacional. En su decisión, el máximo tribunal no resolvió sobre la inocencia o culpabilidad de Gómez, sino sobre la necesidad de revisar correctamente la sentencia. Por eso ordenó remitir la causa al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a los lineamientos fijados.

El crimen del juez Héctor Aráoz

El asesinato de Aráoz ocurrió el 26 de noviembre de 2004 en su vivienda de avenida Aconquija al 2.900, en Yerba Buena. El juez de menores fue atacado a balazos dentro de su casa, después de haber almorzado con su familia y regresar solo al domicilio. Su cuerpo fue encontrado horas después con múltiples impactos de bala.

La autopsia determinó que murió por shock hipovolémico, como consecuencia de la pérdida de sangre provocada por los disparos. Las pericias indicaron que los balazos se produjeron en distintos sectores de la vivienda, mientras la víctima intentaba escapar. La escena del crimen fue uno de los elementos centrales para sostener luego la discusión sobre la calificación legal del homicidio.

La investigación y las condenas

La investigación determinó que el autor de los disparos fue el policía Alejandro Darío Pérez, quien había mantenido una relación sentimental con Gómez. En el expediente también se mencionó un supuesto vínculo afectivo entre la ex policía y el magistrado. La Justicia provincial consideró que esa trama derivó en una discusión que terminó con el homicidio.

La familia de Aráoz siempre rechazó que el caso fuera presentado como un “crimen pasional”. Los hijos del juez sostuvieron públicamente que su padre había descubierto maniobras vinculadas a una red de delitos en el ámbito judicial y policial. Para ellos, esa lectura resultaba clave para entender el trasfondo del crimen y no reducirlo a un conflicto personal.

La situación de los acusados

En 2011, además de la condena contra Gómez, la Justicia impuso 18 años de prisión a Pérez y 5 años a otro policía, Andrés Enrique Fabersani, acusado de encubrimiento. Luego, al agravarse la calificación legal, Gómez recibió prisión perpetua. Pérez, que permanecía en libertad bajo una medida cautelar, se fugó antes de escuchar la sentencia definitiva.

El policía estuvo prófugo durante casi una década hasta que fue capturado en una vivienda de Lules. Intentó escapar por el fondo de la propiedad, pero fue reducido por los agentes que participaron del operativo. Más tarde, un tribunal también lo condenó a prisión perpetua por el crimen del juez Aráoz.

Gómez estuvo detenida en la cárcel de mujeres de Banda del Río Salí. En 2016 obtuvo prisión domiciliaria por cuestiones familiares, aunque ese beneficio fue revocado después de un episodio ocurrido en su vivienda. Con la nueva decisión de la Corte Suprema, la Justicia tucumana deberá revisar la sentencia que le impuso la pena máxima.