La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que más de 20 vehículos secuestrados en una causa por apuestas clandestinas y presunto lavado de activos permanecerán bajo control judicial. La Sala IV rechazó los planteos de Roberto Javier Zuco, señalado como presunto líder de la organización investigada, y de su hijo Javier Ezequiel Zuco. Los rodados serán puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión ratificó resoluciones anteriores que habían negado su devolución.

El fallo fue firmado por los jueces Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky. Los magistrados desestimaron los recursos de queja presentados por las defensas y mantuvieron la asignación de los vehículos al máximo tribunal, bajo las pautas de la Acordada 22/2005. Los automóviles forman parte de un conjunto mayor de bienes incautados durante los procedimientos realizados en la investigación.

La causa comenzó en mayo de 2023 a partir de información aportada por un denunciante anónimo. La Fiscalía Federal de Hurlingham, encabezada por Santiago Marquevich, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) avanzaron sobre una estructura sospechada de administrar sitios de apuestas online sin autorización. Entre las páginas mencionadas en el expediente aparece celuapuestas.com.

Según la hipótesis de los investigadores, la organización utilizaba una red de colaboradores para captar apostadores y gestionar operaciones mediante aplicaciones de mensajería y redes sociales. El dinero habría sido canalizado luego a través de cuentas bancarias y billeteras virtuales registradas a nombre de familiares, empleados y terceros. La Justicia busca determinar si ese mecanismo fue utilizado para ocultar el origen de los fondos e incorporarlos posteriormente al circuito formal.

Más de 30 sociedades bajo investigación

La pesquisa detectó además más de 30 sociedades que, según la acusación, habrían sido utilizadas para canalizar las ganancias generadas por las apuestas. Las empresas declaraban actividades como seguridad privada, construcción, procesamiento de carne y desarrollo de software. Los investigadores observaron coincidencias en domicilios fiscales, directivos y fechas de constitución.

Parte de la operatoria se habría concentrado en Virrey del Pino, partido bonaerense de La Matanza. La investigación señala que los imputados adquirieron al menos 20 propiedades utilizadas como oficinas, depósitos y locales. Algunos de esos inmuebles figuraban oficialmente como terrenos baldíos, pese a contar con construcciones.

El análisis financiero identificó bienes y sociedades por un monto mínimo de US$4.471.290. La fiscalía, sin embargo, estimó que el movimiento total investigado superaría los US$7 millones y los $17.000 millones al sumar acreditaciones bancarias y otros activos. Esas cifras forman parte de la hipótesis acusatoria y continúan bajo análisis judicial.

Los allanamientos y los bienes secuestrados

En octubre de 2025, el Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, ordenó 53 allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y San Luis. Los procedimientos fueron realizados por unos 340 efectivos de Gendarmería y terminaron con 18 personas detenidas.

Roberto Javier Zuco fue arrestado en el barrio privado Terralagos, en Canning. Durante ese operativo, un dron detectó a un allegado que intentaba retirarse en una camioneta con una valija. Los investigadores encontraron $12 millones en efectivo dentro del equipaje.

En esa primera etapa fueron incautados más de 60 vehículos, además de computadoras, teléfonos celulares, armas y 12 kilos de marihuana. Una parte de esa flota es la que las defensas intentaron recuperar y cuya devolución fue finalmente rechazada por Casación.

A fines de diciembre de 2025 se realizaron otros siete allanamientos después del análisis de teléfonos y documentación secuestrada. Allí se incautaron $10.236.000, US$2.511.953, 5.855 euros, 27.060 reales, un lingote de oro de 50 gramos y distintas joyas.

Los detenidos quedaron imputados por lavado de activos agravado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización bajo la modalidad de organización criminal. Además, la Justicia mantiene pedidos de captura nacional e internacional contra más de 20 personas que permanecen prófugas. Con la nueva resolución, los vehículos cuestionados seguirán afectados a la causa y quedarán a disposición de la Corte Suprema.