La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que el presidente Donald Trump continúe la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca. La decisión fue adoptada por cinco votos contra cuatro y suspendió una orden que frenaba parte de las obras. El tribunal, sin embargo, no resolvió todavía si el mandatario tiene autoridad legal para ejecutar el proyecto sin aprobación del Congreso.

La mayoría consideró que el National Trust for Historic Preservation podría no tener legitimación suficiente para sostener la demanda. La organización había cuestionado la transformación del complejo presidencial y el reemplazo de la antigua Ala Este. El caso continuará tramitándose en tribunales inferiores mientras las obras permanecen habilitadas.

Un proyecto de USD 400 millones

El nuevo edificio tendrá aproximadamente 8.400 metros cuadrados y capacidad para recibir a unas 1.000 personas. Trump afirmó que la obra costará USD 400 millones y será financiada mediante aportes privados. The Washington Post, en cambio, estimó que el costo total podría alcanzar USD 600 millones según facturas de contratistas.

La construcción incluye además un complejo militar subterráneo de cinco niveles bajo el futuro salón. Allí se proyectan refugios y un hospital para proteger al presidente y otros funcionarios durante una emergencia. El Gobierno utilizó esa integración entre ambas estructuras como uno de sus argumentos para justificar la continuidad de los trabajos.

Funcionarios de inteligencia, Defensa y seguridad sostuvieron que las obras forman parte de un único proyecto. Según esa posición, detener la construcción exterior podría afectar las instalaciones militares ubicadas debajo. La administración también señaló que una interrupción podría generar daños difíciles de revertir.

La disputa comenzó tras la demolición del Ala Este

La Casa Blanca inició las obras en octubre de 2025 y completó la demolición del Ala Este durante diciembre. Poco después, el National Trust presentó una demanda para cuestionar el procedimiento utilizado por el Ejecutivo. La organización sostuvo que una modificación de esa escala necesitaba autorización expresa del Congreso.

En marzo, el juez federal Richard Leon ordenó detener las obras sobre la superficie, aunque permitió continuar las tareas subterráneas. Una corte de apelaciones confirmó esa decisión el 7 de agosto y consideró necesaria la intervención del Congreso. El Gobierno recurrió entonces de urgencia ante la Corte Suprema.

El presidente del máximo tribunal, John Roberts, había autorizado provisionalmente la continuidad de las obras mientras se estudiaba el caso. En la votación definitiva sobre la medida cautelar, sin embargo, Roberts se sumó a la minoría. También votaron en disidencia Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

La Corte no resolvió si la obra es legal

Roberts sostuvo en su voto que la construcción «probablemente es ilegal» porque el Congreso nunca aprobó expresamente el nuevo edificio. También rechazó que partidas destinadas al mantenimiento presidencial permitan financiar una ampliación de semejante magnitud. «La decisión de hoy no es una victoria para la separación de poderes», escribió.

La mayoría evitó pronunciarse sobre esa discusión constitucional. Su decisión se concentró en determinar si el National Trust podía demostrar un perjuicio suficiente para demandar. Los jueces concluyeron que el desacuerdo estético, histórico o cultural podría no alcanzar para justificar la intervención judicial federal.

El tribunal también tuvo en cuenta los argumentos oficiales relacionados con la seguridad nacional. Según documentos incorporados al expediente, las cuadrillas trabajan hasta 20 horas diarias. La finalización completa del nuevo complejo está prevista para agosto de 2028.

La resolución permite que Trump avance con una de las mayores modificaciones de la Casa Blanca de las últimas décadas. El litigio continuará y los tribunales inferiores todavía deberán analizar el fondo del reclamo. Mientras tanto, las obras podrán seguir adelante antes de que exista una sentencia definitiva sobre su legalidad.