El Gobierno nacional derogó 58 normas vinculadas al comercio y la industria y profundizó así su proceso de desregulación económica. Con esta nueva medida, la gestión de Javier Milei ya acumula 240 regulaciones eliminadas desde diciembre de 2023.

La decisión fue oficializada a través de la resolución 12 de la Secretaría de Industria y Comercio y de la disposición 534, publicadas este martes en el Boletín Oficial. Según argumentó el Ejecutivo, muchas de las normas habían perdido vigencia o ya no tenían aplicación práctica debido a cambios en el marco regulatorio.

Entre las disposiciones derogadas aparecen resoluciones relacionadas con programas que ya no están en funcionamiento. El listado incluye normas vinculadas a Precios Cuidados, Ahora 12, Cuota Simple y el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), entre otras herramientas que fueron utilizadas en años anteriores para intervenir en distintos mercados.

Desde el Gobierno explicaron que la medida busca simplificar los procesos administrativos y reducir la carga burocrática para empresas y comerciantes. Además, sostuvieron que la eliminación de regulaciones consideradas obsoletas permitirá brindar mayor previsibilidad y claridad al funcionamiento de la actividad económica.

Uno de los puntos más importantes de la resolución es la derogación de más de 30 normativas relacionadas con los programas de financiamiento en cuotas. Se trata de resoluciones que habían sido modificadas en reiteradas oportunidades y que quedaron sin efecto tras la eliminación de esos planes.

La medida también alcanzó a varias disposiciones vinculadas al control de precios. Entre ellas figura la resolución 355 de 2022 y sus modificaciones posteriores, que establecían mecanismos de seguimiento sobre determinados productos de consumo masivo.

Otro aspecto relevante es la eliminación de normas asociadas al FETA. Este fondo había sido creado para intervenir en el mercado del trigo y contener el impacto de los aumentos sobre algunos productos derivados. Sin embargo, dejó de operar y sus regulaciones continuaban formalmente vigentes.

En el área educativa, el Ejecutivo derogó cuatro disposiciones que obligaban a los colegios privados a solicitar autorización estatal antes de aplicar modificaciones en sus cuotas. La decisión forma parte de la política de flexibilización regulatoria impulsada por la administración nacional.

Además, mediante la disposición 534, se eliminó una normativa que habilitaba a adolescentes de entre 13 y 17 años a realizar reclamos ante organismos de defensa del consumidor. El Gobierno consideró que ese mecanismo duplicaba canales de atención ya existentes y carecía de utilidad práctica.

Desde la Secretaría de Industria y Comercio remarcaron que las normas derogadas habían sido dictadas entre 2006 y 2025. Según señalaron, muchas de ellas permanecían vigentes pese a haber perdido el objeto para el cual fueron creadas.

Con esta nueva eliminación de regulaciones, el Gobierno busca avanzar en su estrategia de simplificación administrativa. La gestión nacional sostiene que la reducción de normas permitirá agilizar la actividad económica y disminuir las intervenciones estatales en distintos sectores productivos.